Los fallecidos, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la unidad que combate a la guerrilla, murieron al explosionar un artefacto cuando viajaban en un camión por una ruta de tierra en el Departamento de San Pedro.
Los cuerpos fueron velados en la sede del Comando Central, en Asunción, en una ceremonia cerrada a la prensa en la que se ofició una misa en presencia del mandatario y de jefes militares.
El atentado guarda similitudes con el perpetrado en 2016 por el EPP, que mató a ocho componentes de la FTC al activar un explosivo al paso de un convoy militar en una zona rural del Norte.
El portavoz de la FTC, el teniente coronel Luis Apesteguía, informó el jueves que los tres sargentos fallecidos eran los únicos tripulantes del camión en el que viajaban cuando se produjo la explosión.
Apesteguía añadió que el vehículo estaba acompañado por otro con seis militares, quienes repelieron los posteriores disparos de los atacantes apostados en las inmediaciones.
Las fuerzas de seguridad analizan los restos del camión, que quedó totalmente destruido, y los alrededores para determinar el tipo de explosivo utilizado por los autores del atentado.
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Asimismo, la Fiscalía conformó un equipo para recabar información sobre el terreno.
El área del atentado es considerada por las autoridades una de las “zonas de influencia” del EPP, que el pasado setiembre secuestró al ex vicepresidente Óscar Denis, de 75 años, de quien se desconoce su paradero.
Las fuerzas de seguridad cifran en torno a la veintena los componentes activos del EPP, fundado en 2008 y con la defensa del campesinado pobre como bandera política.
Las autoridades atribuyen al EPP las muertes de medio centenar de personas, entre militares, policías y civiles.
El atentado del jueves coincide con la reaparición de la Agrupación Campesina Armada - Ejército del Pueblo (ACA-EP), grupo escindido del EPP que se creía desarticulado tras la muerte de sus principales líderes en varios enfrentamientos y operativos.
En ese contexto, algunos grupos políticos han vuelto a criticar la falta de resultados de la FTC, que se creó expresamente para anular la actividad del EPP, que se financia con secuestros y el cobro del “impuesto revolucionario” a empresarios agroganaderos del Norte.
