Fue decisión unánime de los camaristas Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, quienes no hicieron lugar a la recusación promovida por el encausado Alejandro Valiente. Además, le fijaron para el 20 de julio, a las 10:30, la audiencia disciplinaria.
El acusado recusó al magistrado con el argumento de que el juez, en otro proceso de la mafia de los pagarés, rechazó los incidentes, admitió las pruebas y elevó la causa a juicio oral, por lo que ya emitió una preopinión respecto al caso.
Según señala, existe identidad de elementos respecto a estos casos, por lo que Otazú ya tiene una “postura formada”, además de que los agentes fiscales son los mismos.
Asimismo, sostiene que existe parcialidad y falta de independencia del magistrado, por lo que solicita sea apartado de la causa.
Ya al analizar el pedido, dicen los camaristas que “no puede usarse como argumento para la separación de un Juez lo resuelto por el mismo en otro proceso, con diferentes procesados y que no tiene vinculación alguna con la presente causa, además en el cual el mismo ni siquiera está procesado”.
“El recusante solo menciona lo resuelto por el Juez de Garantías en otra causa, no expresa de forma puntual cuál es la opinión o consejo sobre el procedimiento que haya expuesto el juez interviniente tal cual obliga la norma”.
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“Con relación al argumento de que en otro procesado el juez “compartió la postura” con el Ministerio Público, lo que realmente menciona es su disconformidad con lo resuelto con el juez en otro proceso”, aseguran.
Sobre la parcialidad y falta de independencia, dicen los camaristas que el “temor de parcialidad” solo puede fundarse en una razón válida para justificar la desconfianza sobre la imparcialidad del juez interviniente.
Con esto, dicen que la recusación debe ser rechazada por sus improcedencias.
Además, apuntan que al ser la recusación improcedente, corresponde citar al profesional para la audiencia disciplinaria.
En el caso, además de Valiente, están procesados el juez de Paz de la Catedral, Gustavo Villalba, y otras cinco personas más que habrían tenido activa participación en el esquema conocido como el de la mafia de los pagarés.
Ahora, tras ser confirmado, el magistrado Humberto Otazú podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar para estudiar la acusación del Ministerio Público.
