27 jul 2026

Mafia de pagarés: La Fiscalía presenta hoy acusación y pide juicio

Fiscalía presentará la conclusión de su investigación y acusaría por prevaricato, uso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso a jueces, abogados y funcionarios judiciales.

UHSUC20250924-043a,ph01_7740.jpg

Grave. Los jueces y ex jueces están implicados por supuesto prevaricato y otros hechos.

ILUSTRACIÓN

El Ministerio Público presentará hoy acusación y pedirá juicio para varias personas de cuatro Juzgados de Asunción, que estarían implicadas en la mafia de los pagarés. Estos son de los Juzgados de Paz de La Encarnación, Recoleta, Catedral 2° Turno y San Roque. Aquí estarían involucrados desde jueces, abogados, ujieres y actuarios.

La acusación sería por prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Por el primer hecho punible, los jueces están sospechados como autores, los abogados como instigadores y como cómplices los demás funcionarios judiciales. Por el segundo hecho, los ujieres y oficiales de Justicia estarían implicados como autores.

Por el último hecho punible, el del uso de documentos públicos de contenido falso, tanto los jueces, como abogados y actuarios están acusados como autores.

SOSPECHA PRINCIPAL. Los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero –tras una investigación exhaustiva en los cuatro Juzgados– determinaron que, entre el 2023 y el 2024, los magistrados dictaron resoluciones irregulares, supuestamente violando el principio de igualdad.

Estarían involucradas las juezas Nathalia Garcete (Catedral 2° Turno) y Carmen Analía Cibils (La Encarnación). Así también, los ahora ex jueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta), y Lilian González de Bristot (San Roque).

Ya desde la imputación, la Fiscalía sospechaba que las empresas de cobranzas estuvieron promoviendo demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y otras directamente juicios ejecutivos para ejecutar pagarés, supuestamente sin indicación del beneficiario.

Los ujieres debían notificar a los supuestos deudores de estas demandas, para que puedan comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés. Estos, también debían ser intimados por los oficiales de Justicia, para el pago.

Ni las notificaciones ni las intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no se habrían hecho.

Falsamente, los ujieres y oficiales de Justicia habrían consignado en los expedientes múltiples cédulas de notificación con supuestos informes de haber diligenciado, en una misma fecha, e incluso, en una misma hora, y en ciudades distantes, de acuerdo con las investigaciones.

COLABORACIÓN. Los jueces habrían tenido la colaboración activa de los abogados demandantes, así como de los ujieres, actuarios y oficiales de Justicia.

Más contenido de esta sección
Voz. Internas contaron la soledad y necesidad de oportunidad para reinsertarse a la sociedad.
Debate. Actividad en el Comple busca sensibilizar el impacto del encierro también en las familias.
La fiscala Teresa Sosa volvió este viernes a constituirse en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para continuar recabando datos de los usuarios, desde donde los funcionarios de la institución habrían modificado, inscripto y registrado los 524 títulos falsos desde hace casi 30 años. Más visitas se realizarán la próxima semana, anunciaron desde el Ministerio Público.
La Corte destrabó el caso conocido como de los detergentes de oro, donde está procesado el ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez, sobre lesión de confianza. Con esto, tras resolverse el recurso pendiente, se podrá fijar fecha para la audiencia preliminar donde se decidirá si se eleva o no la causa a juicio oral.
El fiscal Alexander Argüello, de la Unidad de San Estanislao (Santaní), imputó al intendente de dicha ciudad, Agustín Ovando Espínola, por un supuesto perjuicio patrimonial que rondaría los G. 1.850 millones. En el 2024 ya había sido imputado por los mismos hechos, pero el Juzgado devolvió el caso a la Fiscalía.
Por no haber agotado la instancia, el juez Civil Alfredo Barrios Jara rechazó el amparo constitucional que presentaron siete jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, quienes accionaron ante los atrasos en la percepción de sus haberes jubilatorios.
Varios testigos declararon esta mañana ante el Tribunal de Sentencia en el juicio oral contra la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández Yegros, y otros seis procesados por presunta lesión de confianza. Se habla de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.199 millones, durante el año 2019, a la Comuna.