El 26 de julio del 2024, la fiscala Esmilda Álvarez lideraba una serie de allanamientos para desbaratar una estructura criminal que se dedicaba presuntamente a la estafa de viviendas. Fue en esa misma propiedad ubicada en el barrio Palomar, de Lambaré, que esta semana encontraron cientos de pagarés firmados, pero sin fecha.
La casa fue alquilada durante años y los buscados eran los inquilinos que aparentemente formaban una red de estafa de inmuebles.
Además de esa propiedad, también fue allanada en el 2024 otra vivienda de la misma dueña, ubicada en la ciudad de Villa Elisa, también por la sospecha de que se falsificaban documentos para estafar a personas con la supuesta venta de inmuebles.
En esta última, habían encontrado en ese entonces unos 300 cheques.
Los inquilinos buscados son José Espínola Vargas, quien sería el cerebro del esquema, y Carlos María Valinotti Araújo.
Sin embargo, según la Fiscalía, son “una treintena de sospechosos en la causa”.
Tras un año de los operativos, hasta el momento la Fiscalía no imputó a los sospechosos, que ahora están también bajo la lupa, aparentemente por la mafia de pagarés.
Incluso, José Espínola Vargas ya había sido detenido por esa causa, pero fue liberado tiempo después.
Acá se presume que habrían perjudicado a víctimas por valor de G. 81 millones.
Valinotti, además, ya contaría con otra causa por supuesta usura y asociación criminal.
ÚLTIMA CAUSA. La Fiscalía verificó hasta casi la medianoche de ayer las documentaciones encontradas el miércoles pasado, donde se sospecha que estaban escondidos pagarés sin fechas, fotocopiados, autorizaciones de descuento directo y más.
La información que recabaron es que los documentos serían de al menos cuatro empresas que se dedican a la venta de electrodomésticos y aparentemente también a préstamos: Punto Hogar SA, Utopía SA, Activex SA y otra más.
Hasta el momento, la Fiscalía continúa realizando las averiguaciones para confirmar que todo el legajo de documentos estaba o no de manera irregular en el lugar.
Según el abogado de algunas empresas, José Gómez, un funcionario de confianza de nombre Fernando Medina había llevado hasta allí los documentos cuando se hizo una mudanza del local y que supuestamente olvidó cuando salió de la propiedad.
LITIGIO. Según la abogada Viveca Varela, hasta el momento no avanza la causa por el litigio de la casa. Allí se presume que el inquilino, a través de un contrato falso, inscribió a su nombre la vivienda.
El abogado Gómez dijo que Medina salió porque le hacían la guerra y que le había cortado la electricidad, pero la propietaria descubrió que debía G. 6 millones aproximadamente a la ANDE y que ellos le hicieron el corte.
Fernando Medina sería otro de los denunciados por el tema de estafa de casas.
