Tras las denuncias en redes sociales contra los ujieres de los Juzgados de Paz de San Roque y Catedral del Primer Turno, el Consejo de Superintendencia de la Corte suspendió los ascensos y nombramientos de los funcionarios involucrados, pero no así la intervención de dichos despachos de Justicia, donde se ejecutan los pagarés para su doble cobro.
Se trata de un esquema judicial de estafa que fue descubierto, en el que estudios jurídicos adquieren pagarés cancelados y no retirados por clientes de empresas de electrodomésticos o que hicieron préstamos, que son utilizados para descontar automáticamente de los salarios de los deudores, cobrando doblemente la deuda, vía judicial.
Para ello, los documentos ya cancelados y finiquitados son denunciados en juzgados de Paz para lograr la ejecución del cobro de la supuesta deuda, que ya fue finiquitada años anteriores.
RESOLUCIÓN. La semana pasada, los ministros de la Corte, Luis María Benítez Riera, y los vicepresidentes Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón firmaron una resolución en la que ordenan que Osvaldo Insfrán Vera, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Catedral del Primer Turno, pase a disposición del Departamento de Personal, para su reubicación.
También el funcionario Miguel Ángel Rolón Recalde, secretario del Juzgado de Paz de San Roque, pasó a disposición del Departamento de Personal.
Igualmente, dieron por terminados los ascensos y nombramientos en forma interina de los funcionarios Pablo Matías Cabrera Irigoitia y Mariam Adelaida Ortiz Aquino, a más de los ujieres Heber Hernán Cardozo Areco y Líder Rodrigo Benegas Cristaldo.
Todos estos funcionarios habían sido denunciados en la red social X por el abogado Jorge Rolón Luna, porque supuestamente formaban parte de la mafia de los pagarés.
Al respecto, el abogado explicó que “el ujier juega un papel preponderante en este modelo de estafa, porque se perpetra la estafa simulando una notificación. En esa notificación nunca encuentra al demandado, porque es una notificación fraguada y el demandado queda indefenso y a partir de ahí ya prosigue el juicio sin la otra parte”.
Mencionó que el modus operandi prosigue consiguiendo el embargo, “y se gesta todo a partir de ese momento”.
“Es todo un mundo que funciona hace mucho tiempo. Son estructuras que están muy asentadas, que a su vez tienen una capacidad de daño a la ciudadanía tremendo”, explicó Rolón y recordó que esto ya fue investigado en el 2014 por la fiscala Teresa Sosa, quien incluso llevó a juicio a varias personas, destapando casos.
