A la par que llegan las noticias sobre los juicios a algunos de los involucrados en el esquema de estafa conocido como mafia de los pagarés, también siguen apareciendo casos de personas que todavía están siendo perjudicadas. Se espera que el sistema de Justicia tan cuestionado por estos casos, sea capaz de reaccionar de manera más eficiente.
Según se ha informado, un ex ujier y dos ex jueces de Paz deberán enfrentar juicio oral en la causa conocida como la mafia de los pagarés.
El ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, Arturo Javier Ayala irá a juicio oral por otra de las causas de la mafia de los pagarés. La Fiscalía sostiene que Arturo Ayala, junto con otros tres ujieres, habrían falsificado las notificaciones en 258 expedientes tramitados ante el Juzgado de La Encarnación.
En su primera audiencia preliminar, el ex ujier había confesado que cuando llegó a ese Juzgado, se reunió con la ex jueza de Paz Carmen Analía Cibils y que allí ella le habría contado la forma de trabajo y los montos. Agregó que, por el volumen de notificaciones que tenía para firmar, la ahora ex jueza Cibils debía recibir su parte. “Yo debía de entregar la suma de G. 25 millones semanales, lo cual le entregaba en efectivo los días viernes en su oficina (...). Si no llegaba, debía de pagar y lo hacía con retroactivo en la siguiente semana”, y agregó que dicho monto podría aumentar si ingresaban más empresas a litigar en el Juzgado.
Asimismo, los primeros jueces acusados fueron Analía Cibils, Víctor Rodríguez, Nathalia Garcete, Gustavo Villalba y Liliana González. Además de ellos, hay otros cinco jueces y ex jueces que habrían tenido el mismo modus operandi y que también están procesados por el caso. Son el juez de Paz Gustavo Villalba (La Catedral 1° Turno), y las ex juezas Nathalia Guadalupe Garcete (La Catedral 2° Turno) y Lilian González de Bristot (San Roque); asimismo fueron procesados la ahora ex jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz, y el ex juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira. De ellos se sospecha que sacaron fallos “a favor de los demandantes, torciendo el derecho”.
Aunque el avance es lento, dos tribunales de Apelaciones confirmaron que los ex jueces de Paz Carmen Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez deben enfrentar juicio oral; Cibils está acusada por los hechos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de autora, y en su contra se tiene que ella expidió 237 resoluciones, presuntamente en violación de la ley, solo en una de las tres causas que tiene en su contra. En cuanto a Rodríguez, está acusado de haber dictado resoluciones en 178 expedientes, supuestamente violando la ley.
Ya pasaron casi dos años desde que se hicieran públicas las primeras denuncias en el caso denominado mafia de pagarés, pero el sistema de Justicia sigue demostrando que es parte del problema.
Por esta razón, siguen apareciendo casos de personas que están siendo perjudicadas. Ese sería el caso de Celina González, una docente que llegó hasta la capital desde la ciudad de Concepción a investigar sobre su situación, pero se vio obligada a pedir ayuda para retornar a su hogar.
La víctima del esquema de estafas explicó que firmó un pagaré en blanco porque estaba atravesando una situación grave, “estaba necesitando el dinero porque mi mamá estaba muy enferma y retiré un monto de solo G. 3 millones, pero ahora figura que debo más de G. 30 millones”. Celina explicó que perdió el contacto con la persona que la estafó.
Por otra parte, la Comisión que investiga en el Senado la mafia de los pagarés reportó a la Fiscalía 46 casos de enfermeros víctimas de la desaparecida Asociación del Hospital de Clínicas, quienes están siendo perjudicados gravemente desde hace más de diez años, dejándoles en una “asfixia económica”.
Mientras la Justicia está tardando en llegar, las personas que han sido estafadas deben hallar la manera de sobrevivir sin sus haberes y sus jubilaciones.
Desde que se hizo pública la primera denuncia la sociedad ha tomado conocimiento de las modalidades de engaño y, al mismo tiempo, de las terribles situaciones que deben soportar las víctimas. Para ellas el impacto es muy fuerte y no se termina con la denuncia pública; todas estas personas, trabajadores, jubilados, maestros y sus familias pierden incluso ahorros y propiedades, en un círculo de horror que nunca se acaba.
Es hora de que la Justicia haga su mejor esfuerzo, pues de momento, su deuda con las víctimas es muy alta.
