Un grupo de enfermeras jubiladas del Hospital de Clínicas se movilizan frente a la Fiscalía General del Estado, ubicada en Chile e Ygatimí, en el centro de Asunción.
Son víctimas de la causa denominada mafia de los pagarés, un esquema de estafa a personas asalariadas a través de demandas sobre supuestas deudas promovidas con de pagarés cancelados o falsos.
Las mujeres piden al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la reasignación de las denuncias penales a Asunción, debido a que muchas de ellas se encuentran equivocadamente en la Fiscalía de San Lorenzo.
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“Estamos insistiendo porque son adultos mayores, con dificultad de movilidad física, y no pueden andar recorriendo puerta por puerta sin que nadie les resuelva su situación”, expresó a NPY la abogada Cecilia Pérez, en representación de las víctimas.
Pérez recordó que el Ministerio Público representa a la sociedad y “debe dar una respuesta en cuanto a un verdadero acceso a la justicia”.
“Queremos que la Fiscalía tome el toro por las astas y defina la situación”, subrayó y agregó que las víctimas son personas en estado de vulnerabilidad y jubiladas.
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El temor principal de las víctimas es la prescripción de las causas, promoviendo la impunidad, que hasta el momento afectó a 2.000 personas, según el registro de una comisión especial del Congreso Nacional.
Mientras tanto, siguen los descuentos compulsivos de los haberes jubilatorios.
De acuerdo con los datos, el 92% de los afectados no recibió ninguna notificación sobre la supuesta deuda que justifica el embargo salarial que afecta a un 77% de las víctimas.
