Para el senador Rafael Filizzola, los más de 60 acusados por el caso conocido como mafia de los pagarés también deben ser investigados por asociación criminal.
Actualmente, el Ministerio Público imputó por uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato a dos jueces de Paz, dos ex magistrados, nueve actuarios judiciales, ocho ujieres, 12 oficiales de Justicia y 28 abogados particulares.
“Acá tenemos actores en el sector público, tenemos magistrados, tenemos operadores del sistema de Justicia, tenemos abogados, tenemos empresas... Existe una diversidad de actores que han trabajado de una manera concertada. Acá hubo un concierto criminal”, explicó el legislador en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Filizzola reveló que están trabajando en la recopilación de documento y otras pruebas para requerir que se abra esta línea investigativa.
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🔴 ¿Por qué los procesados en el caso de la mafia de los pagarés no son investigados por asociación criminal?
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 8, 2026
👉🏼 "Acá tenemos magistrados, operadores del sistema de justicia, abogados, empresas y una diversidad de actores que actuaron de manera concertada", refirió el senador… pic.twitter.com/J26d2RMVTx
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La figura de asociación criminal permite la incautación de bienes de los involucrados para una eventual indemnización a las víctimas. “Yo creo que la Fiscalía tiene elementos suficientes para seguir esta línea investigativa, pero si no lo hace, presentaremos la denuncia”, insistió.
Hasta ahora, la mafia de los pagarés involucró a cinco juzgados de Paz. En la causa están procesados los jueces Carmen Analía Cibils (La Encarnación), Gustavo Villalba (La Catedral 1° Turno), y los ex jueces Nathalia Guadalupe Garcete (La Catedral 2° Turno), Lilian González de Bristot (Juzgado San Roque) y Víctor Nilo Rodríguez (La Recoleta), además de ujieres, funcionarios judiciales, abogados particulares y dueños de empresas.
El pasado 6 de enero, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7614 “de Saneamiento de Juicios Ejecutivos Irregulares”, que será transitoria por dos años. Se creó para corregir violaciones durante los procesos, especialmente en las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
Lo que se busca con dicha ley es sanear los juicios ejecutivos, acciones preparatorias y cobro de guaraníes, ya sea en las causas registradas por la comisión que investiga la trama de los pagarés en el Senado, como los casos cuyos expedientes no se encuentren físicamente localizados en los juzgados.
