Las víctimas de la mafia de los pagarés volvieron a manifestarse frente a la explanada del Congreso Nacional con la intención de instar a que la Cámara de Diputados acelere el estudio sobre el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Para el efecto, piden que inicie con las cabezas, en este caso, con el presidente de la máxima instancia judicial, César Diesel, así como también con el ministro Alberto Martínez Simón.
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se congregaron frente al Congreso Nacional para solicitar el inicio inmediato del pedido de juicio político a todos los ministros de la Corte, pedido que ya hicieron a inicios de noviembre pasado.
Esta vez, consideraron que para que al menos se dé de manera paulatina, la Cámara Baja pueda empezar el estudio. Deben empezar por dos ministros, entre ellos, el presidente de la CSJ, César Diesel y el ministro Alberto Martínez Simón, por considerarlos uno de los principales responsables de la impunidad en el esquema de la mafia de los pagarés.
Para Pedro Coronel, víctima de la mafia de los pagarés, esta situación merece pronta atención de los legisladores dado que van acumulando hechos contra los ministros. Incluso el último suceso de supuesta reunión secreta de los ministros con Cartes y el presidente Santiago Peña ameritaría como causal para el juicio político, aducen.
“Amerita y es obligación de esta Cámara impulsar todo eso por lo que presentamos un documento para exigir el inicio del juicio con dos ministros de modo a que puedan tener ellos la capacidad y ligereza para juntar datos e iniciar el juicio. Tanto Diesel y Martínez Simón son las personas más responsables de esta situación”, indicó Coronel.
En el cuerpo del documento presentado contra ambos consideran que los dos pusieron “trabas a los proyectos de leyes que buscan paliar la situación”.
Asimismo, solicitan que en el estudio del proyecto de ley que de “emergencia judicial”.
“Creemos que la Cámara de Diputados tiene la obligación de aprobar esto”, indicó.
La normativa busca sanear centenares de juicios ejecutivos irregulares, acciones preparatorias y procesos de cobros de guaraníes afectados por expedientes extraviados, diligencias sin control y la participación de redes que operaron durante años en perjuicio de miles de personas.
El esquema denominado como de mafia de los pagarés estafó a unas 6.600 personas y movió unos USD 300 millones, según datos de las propias víctimas.
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Respecto a la supuesta reunión secreta de varios ministros de la Corte con el titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y el presidente de la República, Santiago Peña, consideraron como una muestra de subordinación y falta de independencia de los ministros.
“Nos ofusca, nos indigna y en especial, nos preocupa porque se demuestra que este Poder Judicial, como ya denunciamos, está sometido totalmente a otros poderes. No son libres y son sirvientes de poderes fácticos”, manifestó.
