Abogados independientes solicitaron “con carácter de urgente” la fijación de una audiencia con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, a los fines de abordar cuestiones de suma trascendencia que afectan el normal desenvolvimiento de la administración de Justicia, generando una grave afectación al acceso efectivo a la tutela judicial efectiva y vulnerando principios rectores del debido proceso.
Mencionan que es de público y notorio conocimiento que el actual estado de situación en diversos órganos jurisdiccionales adolece de falencias estructurales que comprometen seriamente el ejercicio de las funciones judiciales y, por ende, el servicio de justicia que se debe garantizar a la ciudadanía.
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Además, señalan que esta situación afecta en particular a los Juzgados de Paz de la capital, tales como los de La Recoleta, La Encarnación, San Roque y La Catedral, en ambos turnos, “generando un colapso operativo y una crisis institucional de magnitudes insostenibles”.
Los abogados mencionan que están con problemas en las deficiencias en la tramitación de expedientes, debido a que la acumulación desmesurada de causas, sumada a la insuficiencia de recursos humanos y materiales, ha devenido en una dilación injustificada en la resolución de los conflictos sometidos a jurisdicción.
Así también, refieren el déficit de espacio físico porque las instalaciones actuales resultan ostensiblemente inadecuadas para el cumplimiento de las tareas jurisdiccionales, generando un menoscabo en las condiciones laborales y, en consecuencia, en la eficiencia de la labor judicial.
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A estos se suma la falta de personal en los juzgados debido a que la carencia de funcionarios y empleados en diversos tribunales no solo dificulta el normal despacho de las causas, sino que además impide la correcta sustanciación de los procesos de plazos razonables, contrariando mandatos constitucionales y convencionales.
Afirman que esta falencia es aún más grave debido a la ausencia de jueces y actuarios interinos que puedan garantizar la continuidad del servicio de justicia, lo que ha menoscabo de los principios de igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva.
“Desde el mes de diciembre, las medidas adoptadas sin la debida planificación ni coordinación han dejado sin acceso a la justicia a particulares y legítimos acreedores, impidiendo asimismo el normal ejercicio de nuestra labor como auxiliares de la Justicia, afectando gravemente nuestra actividad profesional”, expresan.
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También refieren que hay un impacto financiero porque las demoras y la inoperatividad parcial de los órganos jurisdiccionales no solo generan perjuicios a los litigantes, sino que también acarrean consecuencias económicas negativas, tanto para el Estado como para los profesionales del derecho y los ciudadanos, que ven postergadas sus legítimas pretensiones.
“En atención a la gravedad de las circunstancias aquí expuestas, así como al perjuicio que la actual coyuntura genera en la comunidad jurídica y en la ciudadanía en general, solicitamos la inmediata convocatoria de una audiencia a los efectos de exponer estas problemáticas y propiciar la adopción de soluciones urgentes y eficaces”, concluyen.
El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales para indagar sobre un esquema judicial por el cual estudios jurídicos consiguen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no fueron retirados por los firmantes, y con ellos, se inician juicios contra las personas firmantes de los pagarés ya cancelados.
Ante la catarata de información, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dispuesto la intervención y auditoría a Juzgados de Paz de la capital, involucrados en el esquema de doble cobro de deudas ya canceladas.
