En el 2024 se reportaron 3.521 víctimas de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, es decir, 10 víctimas por día y una cada dos horas y media. Asunción, Presidente Hayes, Central y Boquerón tienen las tasas más altas con relación a su población.
Estos datos oficiales publica CDIA de forma anual en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se recuerda cada 31 de mayo por el caso de Felicita, la niña vendedora de mandarinas que fue encontrada asesinada y con signos de abuso al pie del cerro Yaguarón.
“Algo como Estado no estamos haciendo, hay muchos vacíos y debilidades en la prevención para que esto no siga pasando, para que estos números de cantidades de víctimas de abuso sexual vayan disminuyendo”, reflexionó la directora ejecutiva de la Coordinadora, Cynthia Florentín.
Aunque se observa como un avance el aumento de la pena hasta de 30 años para los agresores, Florentín advierte que las medidas punitivas no siempre solucionan el problema y que esto se demuestra en la persistencia de los alarmantes números de denuncias durante el 2025.
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Según el propio Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), entre el 90 y 95% de los casos ocurren en el entorno familiar, mientras que la Fiscalía refiere que la mayoría de las denuncias se realizan a través de las escuelas.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil consideran que el Estado debe mirar el entorno familiar y comunitario para implementar políticas públicas que involucren estos espacios.
Para la directora de CDIA, es importante en este punto fortalecer las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), que generalmente cuentan con pocos recursos humanos y financieros.
También se refirió a la vigente negación de la sociedad y hasta de las instituciones públicas de poder hablar sobre la educación integral de la sexualidad con un enfoque basado en la ciencia y los derechos, de manera que los niños y niñas puedan reconocer a tiempo los signos de abuso, sepan a quién le pueden contar de la situación y denunciar el hecho.
“Pero también la educación de la sexualidad sirve para poder dialogar y enseñar sobre niños y adolescentes varones, para que puedan reconocer a su par mujer de manera igualitaria y romper un poco ese ciclo de violencia que, a veces, ya se dan en las relaciones interpersonales en el ámbito educativo”, agregó.
El Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes convocó para este sábado a su decimosexta edición de la marcha contra todo tipo de abuso y explotación infantil. El recorrido va desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza Juan E’OLeary, en Asunción.
Discusiones en el Congreso
En las últimas semanas, los legisladores estuvieron debatiendo sobre el criadazgo y la iniciativa de crear un Ministerio de la Familia, que implica la eliminación de los ministerios de la Niñez y de la Mujer.
En el primer punto causó polémica el argumento de los cartistas, especialmente del senador Gustavo Leite, quien calificó como una paraguayidad y cuestión cultural el criadazgo, siendo que se trata de un tipo de explotación infantil.
Para la coordinadora que aglomera varias organizaciones, sin duda, es un tema que se debe buscar eliminar.
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Con relación a la eliminación de dos ministerios claves para las mujeres y las infancias para atender sus demandas a través de un Ministerio de la Familia, Florentín señaló que significaría un retroceso en derechos, ya que estas instituciones se crearon con el fin de focalizar las necesidades específicas de estas poblaciones.
Explicó además que cuando se habla de familia, se debe tener un abordaje integral que contemple aspectos como políticas de trabajo, vivienda y seguridad, que no están incorporados en el proyecto legislativo.
Más cifras
Si se tienen en cuenta todos los tipos penales relacionados con niños y adolescentes, además del abuso sexual, la cifra asciende a 7.846 víctimas.
Aproximadamente, 3.810 niñas y adolescentes dieron a luz en el 2024, de las cuales 347 tenían entre 10 y 14 años. Los registros muestran los índices más altos en el Chaco paraguayo y el norte del país.
Un caso grave que marcó al país fue el de Mainumby, nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una niña de 10 años que en el 2015 dio a luz producto del abuso sexual que sufrió por parte de su padrastro.
El Estado paraguayo fue denunciado por esta causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se había comprometido a asistir a la niña.
