En 1980 el salario mínimo era de G. 22.065. Hoy, ajustado por inflación, equivale a G. 28.175; es decir, un aumento de apenas 27% en el poder adquisitivo.
En tanto, el PIB actual triplica en tamaño al de 1980. Este contraste resume un problema constante: la economía crece, pero ese crecimiento no se traduce proporcionalmente en ingresos laborales.
Pero observemos un periodo más cercano. Paraguay ha mostrado crecimiento económico, aumento de la ocupación y una tasa de desempleo históricamente baja. Si nos guiamos por la intuición, podría asumirse que crecimiento económico y creación de empleo deberían traducirse en una mejora del bienestar de los trabajadores. Sin embargo, esa relación no es automática.
Hay dos formas de analizar esta cuestión: desde la economía en su conjunto y desde lo que ocurre con los salarios.
Definamos la productividad laboral, en términos simples, como el valor que produce un trabajador en su jornada. El aumento de esta variable –junto con el capital y la tecnología– es lo que hace que el PIB crezca. En general, el salario real promedio depende de la productividad laboral y se refleja en la proporción del ingreso total que va a las remuneraciones. A nivel macro, lo que nos muestran las cuentas nacionales es que, desde 2017 en adelante, la productividad aumentó, pero la participación salarial no mostró la misma mejora. En una economía que funciona como cabría esperar, los salarios deberían acompañar al menos parcialmente ese proceso.
A nivel de los datos de empleo, vemos que el poder adquisitivo de los salarios permanece invariable al menos desde 2017. En un escenario ideal el poder adquisitivo debería crecer. Esto sugiere que los trabajadores no están capturando los beneficios de ese crecimiento. La evidencia apunta de manera consistente en esa dirección.
En esta época, suele reabrirse la discusión sobre el salario mínimo. El sector empleador objeta los aumentos señalando que se alientan el desempleo y la inflación. Estos argumentos eran dogma en los años 80 y 90. Pero la literatura más reciente se encargó de rebatir esa visión. Hoy sabemos que el efecto depende del nivel del salario mínimo, la magnitud del aumento, el ciclo económico, estructura sectorial, etc. En la práctica, el impacto sobre la inflación general suele ser transitorio y limitado. Esto es así porque, en realidad, las empresas absorben parte del aumento reduciendo márgenes de ganancia, mejorando la productividad u otros ajustes internos.
Pero lo que diferencia a la discusión actual de las mantenidas en periodos anteriores es que al parecer hoy existe un consenso entre las autoridades de que el actual método de ajuste no captura la variación del costo de vida de un trabajador típico. Una oportunidad que no se debe desaprovechar.
Es por eso que la nueva propuesta debe necesariamente reemplazar el IPC por otro indicador de precios más representativo, adicionar un componente que capture la productividad y de ser posible otro factor que permita recuperar gradualmente el atraso histórico, si queremos que el salario refleje mejor la realidad económica del trabajador.
¿Y qué sucede con aquellos que no llegan al mínimo? Pues la evidencia muestra que el salario mínimo actúa como un ancla de referencia que eleva la remuneración de los sectores de menores ingresos.
Finalmente, es justicia reivindicar, en este 1 de mayo, que los trabajadores deben recibir los frutos de su productividad en el trabajo. Si la productividad crece, los salarios también deberían hacerlo.
