La reciente movilización de los médicos dejó expuesto un problema que será cada vez más frecuente. Las demandas sobre el Estado aumentan, pero los recursos para responder a ellas son limitados. La respuesta oficial es conocida. Se debe priorizar, administrar mejor, reducir ineficiencias y encontrar espacio presupuestario dentro de lo que ya existe.
Lo curioso no es esa respuesta, sino que los partidos no ofrecen prácticamente alternativas a ella.
La competencia partidaria en Paraguay es intensa. Colorados y opositores se enfrentan por la gestión, la corrupción, el clientelismo y el uso general de los recursos públicos, entre otros temas. Pero esa intensidad disminuye cuando la discusión llega a la estructura que determina cuánto recauda el Estado. Ahí aparece una convergencia programática bastante más amplia de lo que se reconoce. Los impuestos no se suben.
Cuando los ingresos entran al debate, lo hacen desde la mejora de la recaudación, el combate a la evasión, la informalidad y la ampliación de la cantidad de contribuyentes, etc. Todo esto supone recaudar más, pero sin tocar la estructura tributaria. La competencia partidaria se da, en buena medida, después de aceptar esta idea central.
Esto también acota la discusión respecto a las políticas redistributivas. Se debate quién recibe, cuánto se destina y dónde debe priorizarse. Pero no sobre quién debe pagar el costo y en qué proporción. Así, una parte altamente relevante de la temática fiscal queda fuera de la competencia partidaria.
En ciencia política se estudia qué conflictos logran organizar la competencia política. El caso paraguayo plantea justamente esa incógnita. Más allá del consenso fiscal, la pregunta que surge es por qué las alternativas a ese consenso tienen dificultades para formar parte de la competencia política.
Una primera hipótesis es sencilla. Existe la creencia de que todavía se puede recaudar más con la estructura actual. Reducir la evasión, la ineficiencia estatal y la corrupción permitiría obtener más recursos antes que aumentar los impuestos.
Una segunda hipótesis apunta a los partidos. Estas organizaciones tienen capacidad para organizar internas, conformar alianzas y competir electoralmente a nivel nacional. Pero esa fortaleza electoral no tiene un correlato programático. La ausencia de alternativas nos muestra no solo coincidencias, sino limitada capacidad para producir opciones diferentes de políticas públicas.
La tercera posibilidad es que no existe un actor que pueda mover esa frontera. La debilidad de las organizaciones de izquierda impide desplazar el polo programático hacia un conflicto alternativo en materia fiscal. Existen demandas redistributivas y propuestas, pero no actores con la suficiente fuerza para cambiar el consenso.
No se trata de si el consenso es positivo o no. Los sistemas institucionalizados se sostienen en acuerdos básicos. Lo llamativo es cómo ese consenso limita el grado de opciones programáticas de la competencia partidaria.
El problema, entonces, es que si las demandas cambian y aumentan, pero la estructura de opciones políticas permanece inmóvil, puede crecer la distancia entre los problemas que la realidad produce y las respuestas que los partidos pueden dar. Quizás el punto central no sea finalmente fiscal, sino político, y radique en la incapacidad de mirar fuera de la caja o la decisión de no hacerlo.
