Las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 no son un trámite administrativo ni un ritual rutinario de la democracia. En ellas se define quiénes serán los 263 intendentes y los 2.781 concejales que administrarán los municipios del país. Es decir, se decide quién gestionará el territorio inmediato, ese espacio donde la política deja de ser discurso y se convierte en alumbrado, transporte, agua, seguridad, obras y convivencia cotidiana. Y en esa disputa participan partidos, movimientos y alianzas que buscan ocupar —o retener— parcelas de poder.
Uno de los rasgos más persistentes de la competencia municipal en Paraguay es la hegemonía de los partidos nacionales, especialmente de los dos grandes: el Partido Colorado y el Partido Liberal. La tercera opción existe, pero como excepción, no como tendencia. Esto contrasta con experiencias como la peruana, donde la descentralización iniciada en 2002 abrió la puerta a una explosión de actores locales que desplazaron a los partidos nacionales en distritos, provincias y regiones. Ese proceso permitió innovaciones, sí, pero también produjo un sistema fragmentado, sin cohesión entre lo nacional y lo subnacional. No es casual que en Perú lleguen a competir más de 30 candidatos a la presidencia y que los finalistas de la segunda vuelta no superen juntos el 30% de los votos.
La predominancia de partidos nacionales en Paraguay podría interpretarse como una garantía de gobernabilidad. Pero esa moneda tiene reverso. La presencia territorial de los partidos implica responsabilidades: evitar que se filtren candidatos vinculados al crimen organizado, formular propuestas municipalistas serias y comprender —de verdad— las competencias establecidas en la Ley Orgánica Municipal. Y, sobre todo, ajustar las promesas a las capacidades reales de cada municipio. No es lo mismo gobernar Asunción que Capiatá, Horqueta o Tavaí. La escala importa, y mucho.
Sin embargo, a pocas semanas de las internas de junio, lo que domina la escena no es el debate sobre propuestas ni la discusión sobre el rol del municipalismo en el desarrollo del país. Lo que vemos es una intensa puja por candidaturas, donde se entrecruzan al menos cuatro capas de poder: a) las redes internas de cada partido, hechas de familias, clubes y clientelas; b) los aspirantes a cargos, desde concejales hasta intendentes; c) los movimientos internos que disputan la conducción partidaria y; los brokers políticos —diputados, senadores, gobernadores, intendentes salientes— que buscan ampliar su influencia territorial.
Los ejemplos abundan. La pulseada entre el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, y el senador Ovelar por controlar las internas departamentales; las aspiraciones de la diputada Jazmín Narváez de posicionarse para la gobernación de Central en 2028; las familias Gómez Verlangieri en Limpio o los Rivas en Tomás Romero Pereira; o la disputa mayor entre Arnaldo Samaniego, candidato a intendente de Asunción de la disidencia colorada, y Camilo Pérez, representante del oficialista Honor Colorado.
Todo esto revela la doble dimensión de las elecciones municipales. Por un lado, la disputa estrictamente local: quién gobernará cada municipio y qué redes lograrán imponerse. Por el otro, la batalla estratégica de los movimientos nacionales y de los intermediarios que ya están pensando en las elecciones generales de 2028.
Lo preocupante es que esta segunda dimensión —la que mira al 2028— parece devorar a la primera. La discusión sobre propuestas, sobre el sentido del municipalismo y su aporte al desarrollo nacional, queda relegada a un segundo plano. Y así, una elección que debería ser la más cercana a la ciudadanía termina convertida en un tablero de posicionamientos internos, dejando un vacío donde debería haber debate, visión y proyecto.
