En la diligencia judicial, comparecieron además sus abogados defensores, encabezados por Marcelo Bogado y el fiscal José Martín Morínigo, que representa al Ministerio Público.
Se trata de una audiencia identificatoria donde se verá si tanto Keuider como Guinsel son las personas requeridas por la jueza Federal en lo Correccional N° 1, de San Isidro, Buenos Aires, Sandra Elizabeth Arroyo Salgado.
Según el pedido de la Justicia del vecino país, tanto el ex congresista como su secretaria, son tenidos como miembros de supuesta asociación o banda destinada diversas operaciones económicas y financieras.
Esto, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, desde inicios de 2017 y hasta la fecha.
Los hechos eran, según dicen, con el fin de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias).
Afirma el pedido que esto se dio, valiéndose, de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones.
En la audiencia, el juez de Garantías, Rolando Duarte estudiará una medida cautelar en contra del mismo.
Además, el magistrado le consultará si quiere acogerse a la extradición abreviada.
Si ambos aceptan este procedimiento abreviado o simplificado, entonces el magistrado admitirá el pedido de la jueza Arroyo Salgado y con ello concederá la extradición.
Sin embargo, esta quedará suspendida hasta tanto culmine su proceso por supuesto contrabando que tiene en el Paraguay.
En el caso que se le sigue en nuestro país, la audiencia preliminar deberá realizarse mañana miércoles, ante el juez contra Delitos Económicos Humberto Otazú.
En esa causa, se pide elevar el caso a juicio oral. No obstante, nuestra ley procesal penal prevé la posibilidad de que se solicite el criterio de oportunidad si existe una sentencia firme de extradición.
Además, en el proceso por supuesto contrabando al querer introducir dinero sin declarar, ya cumplió unos 7 meses de arresto domiciliario, que se cuenta como pena privativa de libertad.
Ahora, se espera el resultado de la audiencia que se realiza ante el juez Duarte.