Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes votaron por rechazar la garantía constitucional, ya que entienden que la privación de libertad no es ilegal, porque fue dictada por jueces competentes.
Por su parte, Manuel Ramírez Candia votó por conceder el pedido, ya que sobrepasó la pena mínima, con lo que la privación de libertad se tornó ilegal.
La mujer está recluida desde el 16 de setiembre de 2011 y guarda reclusión hasta la fecha en la Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor.
El defensor general, Javier Esquivel, señala que la pena mínima por el homicidio doloso es de 5 años de cárcel y una máxima de 30 años. La mujer tiene prisión preventiva desde el 2011, con lo que, a la fecha cumplió 12 años, 9 meses y 24 días, al tiempo de haberse planteado la garantía. Por eso, solicitó que se conceda la libertad.
