La racionalización del gasto público se instaló como uno de los ejes de la agenda económica durante este año. Mientras el Poder Ejecutivo comenzó a aplicar medidas de contención del gasto mediante el Decreto N° 6120, en el Congreso avanza el análisis del proyecto de ley denominado “A ley pareja nadie se queja”, que apunta a modificar el esquema de remuneraciones del sector público y eliminar privilegios considerados injustificados.
Ambas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia del Estado, en un escenario marcado por la necesidad de administrar con mayor cautela los recursos públicos, cumplir con las metas fiscales y priorizar el financiamiento de los servicios esenciales.
Uno de los pasos más recientes fue la promulgación del Decreto N° 6120, por el cual el Poder Ejecutivo estableció restricciones para la ejecución del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2026. La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dispone la suspensión de contrataciones para servicios de catering, almuerzos y provisión de bebidas en las instituciones públicas, además de prohibir nuevos procesos para la compra de inmuebles y la construcción de obras que no sean consideradas prioritarias.
También limita la adquisición de mobiliarios, equipos informáticos e insumos administrativos no esenciales y fija un techo de ejecución para varios grupos presupuestarios, que no podrán superar el nivel de gasto registrado durante 2025. Las restricciones alcanzan igualmente a servicios técnicos y profesionales, servicios generales, transporte y almacenaje, asignaciones complementarias, maquinarias, herramientas y equipos de oficina.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió preservar las áreas consideradas prioritarias. Las limitaciones no alcanzan a los servicios de salud, educación, seguridad ni a los programas sociales. Asimismo, el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones cuando existan razones de interés público debidamente justificadas.
Por su parte, la Comisión de Cuentas y Control decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley “A ley pareja nadie se queja”, presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis, en coincidencia con la postura adoptada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La propuesta busca establecer un régimen de mayor equidad en las remuneraciones del sector público, eliminar privilegios salariales, racionalizar el gasto estatal y fortalecer la transparencia en la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, el estudio quedó pendiente debido a la falta de un análisis sobre el impacto presupuestario que tendría la eventual aprobación de la iniciativa.
