De acuerdo con lo que establece la reglamentación del artículo 84 de la Ley 7445/2025, “de la Función Pública y del Servicio Civil”, a partir de este mes se puso en marcha la integración efectiva de los empleados públicos, anteriormente conocidos como contratados al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o la Caja Fiscal.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera, dijo que actualmente son alrededor de 80.000 los trabajadores que podrían ser afectados por esta medida.
Considerando la cantidad total de aportantes que rondan hoy los 240.000, la incorporación podría permitir aumentar en hasta 33% la cantidad de cotizantes.
No obstante, el director General de Jubilaciones y Pensiones de la cartera económica, Jorge Delgado, aclaró que los ingresos a la Caja Fiscal dependen finalmente de cada institución y de cada contrato.
En ese sentido, explicó que, aunque al cierre de julio se podrá contar con una proyección del impacto económico al sistema, las incorporaciones se realizarán de forma gradual e incluso se extenderán hasta el 2028, como lo establece la normativa.
“La cantidad de nuevos cotizantes aún no podemos determinar hasta que la entidad liquide el primer pago porque no todos los contratados van a cotizar o van a aportar. Va a depender mucho del tipo de contrato. Y hay contratos que son por unidad de tiempo, otros son por productos. Cuando hablamos de un margen de 80.000, no todos ellos van a cotizar”, indicó en una entrevista con Última Hora.
Señaló que desde el inicio de julio ya comenzaron a incorporarse algunos contratados, pero las instituciones que componen el ámbito del Poder Ejecutivo siguen en el proceso de identificación y liquidación. Mientras tanto, aquellas dependientes de los demás poderes del Estado tienen tiempo hasta el año 2028 para ajustar sus reglamentaciones y seguir el mismo camino.
“En la última semana de julio ya tendríamos que tener estimaciones en base a las liquidaciones generadas. Analizar cuánto entra en julio puede darte ya una previsión de lo que sería para el ejercicio para los seis meses”, acotó.
Finalmente, Delgado remarcó que el sector que mayor peso tendrá para el sistema previsional es el de los médicos o profesionales de blanco, ya que son los que actualmente cuentan con la mayor cantidad de contratados.
Controversia. Si bien gran parte de los funcionarios públicos califica como un cambio positivo para todos los trabajadores en materia de igualdad de condiciones, otros lamentan que esto traerá consigo un descuento mayor, así como cuestionan que solo será para la jubilación sin ofrecer una cobertura de salud.
Sobre esa línea, Rosanna González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), celebró que ahora los contratados podrán aspirar a una jubilación más temprana, ya que muchos llegaban incluso a los 10 años de antigüedad sin haber tenido la posibilidad de aportar. Dijo que en la actualidad muchos acceden a la jubilación a una edad muy avanzada y otros incluso ya no la alcanzan.
“Antes solamente podíamos aportar a partir del nombramiento y, como nos nombramos con un promedio de 7 a 10 años de antigüedad, significa que estuvimos de 7 a 10 años sin aportar. Podemos llegar a cumplir la edad para la jubilación, pero no tenemos todavía el criterio de los años de aporte”, ejemplificó a ÚH.
Agregó que el ingreso implicará un mayor descuento, el cual alcanzará un 16% para los trabajadores de blanco, lo que se suma a la problemática con respecto a los bajos salarios que reclama el sector, sin siquiera permitirles contar con un seguro médico.
“Hubiera sido bueno que ese aporte fuera para un seguro social y no solamente para la jubilación, porque en el IPS te descuentan el 16%, pero es también para un seguro. A nosotros nos descuentan en el Ministerio de Salud solamente para jubilación, que es diferente. El lado negativo es principalmente que estamos ganando poca plata”, sentenció.
Detalló que el sueldo de los profesionales de blanco actualmente ronda los G. 5 millones, por lo que para los contratados consistirá en un descuento de hasta G. 800.000.
“El neto que va a estar recibiendo prácticamente es G. 4 millones, pero el trabajador ya tenía comprometido ese dinero para pagar sus cuentas, para comprar en el supermercado. Hoy no estamos preparados para ese descuento porque hoy vivimos muy justos”, aseguró.
En cuanto a la cantidad de posibles nuevos aportantes, González señaló que actualmente son 11.000 médicos en el Ministerio de Salud, de los cuales prácticamente 8.000 son contratados.
El coordinador de seguimiento y operaciones de la Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Carlos Oviedo, recordó que los contratados que serán incorporados al régimen jubilatorio, deben dar de baja su registro único del contribuyente (RUC), en caso de haberlo activado únicamente para prestar servicios al Estado, mientras que quienes cuentan con la obligación del impuesto a la renta personal (IRP) o realizan otras actividades económicas paralelas deberán realizar una actualización.
Según explicó, dentro del universo de los 80.000 contratados estimados por el MEF, la DNIT identificó a solo un total de 40.000 con obligación IVA activa y son los que deberán realizar el trámite.
Judiciales pedirán a Corte acceder al mismo beneficio
Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, calificó a la incorporación de contratados al régimen previsional como un beneficio importante para los funcionarios,
independientemente del descuento que pueda significar para ellos. Explicó que hay una gran cantidad de contratados que pasan años sin poder cotizar y, por ende, se jubilan muchos años después, además de que se equiparan las condiciones laborales con las de los nombrados.
Afirmó que los funcionarios judiciales deben contar con el mismo beneficio que los del Poder Ejecutivo, por lo que en los próximos días prevén realizar una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CJS) para acogerse al mismo esquema, mediante una acordada.
“Es un beneficio porque eso significa que vamos igualando en las condiciones laborales y los beneficios. Porque si ellos (los empleados públicos) cumplen el mismo horario, tienen la misma responsabilidad, la misma carga horaria que los nombrados, por tanto, deben tener los mismos beneficios. Ahora nosotros logramos ya que se les conceda el seguro médico, vamos igualando en las condiciones. (...). Aunque se les descuente, hay que entender que a la larga implica un beneficio para el funcionario. Si el Poder Judicial no está incluido, y ahora el Poder Ejecutivo ya está imputando o aplicando desde ahora, entonces nosotros igual vamos a pedir porque la misma ley dice que se puede reglamentar o adecuar”, destacó Ocholasky.
Sostuvo, incluso, que la incorporación podría convertirse en una “caja de ahorro” para los trabajadores, ya que en caso de no poder jubilarse, tal como ocurre con los nombrados, podrán retirar nuevamente todos sus aportes.
De acuerdo con lo que detalló, el universo del Poder Judicial alberga a más de 1.500 contratados, quienes actualmente están emitiendo facturas por prestar servicios a la CSJ.
Judiciales pedirán a Corte acceder al mismo beneficio
Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, calificó a la incorporación de contratados al régimen previsional como un beneficio importante para los funcionarios,
independientemente del descuento que pueda significar para ellos. Explicó que hay una gran cantidad de contratados que pasan años sin poder cotizar y, por ende, se jubilan muchos años después, además de que se equiparan las condiciones laborales con las de los nombrados.
Afirmó que los funcionarios judiciales deben contar con el mismo beneficio que los del Poder Ejecutivo, por lo que en los próximos días prevén realizar una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CJS) para acogerse al mismo esquema, mediante una acordada.
“Es un beneficio porque eso significa que vamos igualando en las condiciones laborales y los beneficios. Porque si ellos (los empleados públicos) cumplen el mismo horario, tienen la misma responsabilidad, la misma carga horaria que los nombrados, por tanto, deben tener los mismos beneficios. Ahora nosotros logramos ya que se les conceda el seguro médico, vamos igualando en las condiciones. (...). Aunque se les descuente, hay que entender que a la larga implica un beneficio para el funcionario. Si el Poder Judicial no está incluido, y ahora el Poder Ejecutivo ya está imputando o aplicando desde ahora, entonces nosotros igual vamos a pedir porque la misma ley dice que se puede reglamentar o adecuar”, destacó Ocholasky.
Sostuvo, incluso, que la incorporación podría convertirse en una “caja de ahorro” para los trabajadores, ya que en caso de no poder jubilarse, tal como ocurre con los nombrados, podrán retirar nuevamente todos sus aportes.
De acuerdo con lo que detalló, el universo del Poder Judicial alberga a más de 1.500 contratados, quienes actualmente están emitiendo facturas por prestar servicios a la CSJ.
