El ex subcontralor y constitucionalista Emilio Camacho defendió la posibilidad de que el actual contralor, Camilo Benítez, busque un nuevo periodo al sostener que la Constitución lo permite, pero alertó sobre la creciente cercanía de la institución con el oficialismo. En momentos en los que el Senado inició el proceso para integrar la terna de candidatos, afirmó que la Contraloría debe recuperar su independencia. Sostuvo que las designaciones responden a acuerdos políticos y advirtió que utilizar el órgano de control para persecuciones representa “un golpe enorme a la democracia”.
–¿Cuál es el rol que la Constitución le asigna a la Contraloría General de la República y qué tan importante es dentro del sistema de controles del Estado?
–La Contraloría tiene una enorme cantidad de responsabilidades que están expresamente establecidas en la misma CN. Para darte una idea, el artículo 283 de la Constitución establece como ocho deberes y atribuciones del contralor general de la República porque es un órgano unipersonal, que es un fallo de la Corte. Entonces, hay que dar importancia fundamental, y especialmente, uno, de combate a la corrupción. Dos, en el trabajo por ordenar también la finanzas públicas. Es decir, no solamente de perseguir y sancionar la corrupción y denunciar ante la justicia, que tal vez sea una de sus funciones principales, sino también construir y ordenar las finanzas públicas
–En este momento está en debate la designación de un nuevo contralor. ¿Hoy la Contraloría es un verdadero órgano de control del poder? O en la práctica, ¿ha terminado siendo un actor más dentro de la disputa política?
–Hay que ver cómo actúa la Contraloría. Hay que ver si no se presta a persecuciones de intendentes que sean del partido que sea. Porque a veces se persigue por cuestiones internas partidarias también. Yo creo que hay que reducir, hay que definir mejor la situación en la Contraloría. Hay que perfeccionar qué puede hacer y qué no puede. Hay que obligar legalmente a que se determine con mayor precisión su concepto de graves irregularidades con ejemplos. La cuestión de la convicción ética y republicana de quienes se hacen cargo. El no prestar su institución para perseguir a opositores o disidentes.
–¿Es inconstitucional que el actual contralor Camilo Benítez quiera nuevamente seguir en el cargo?
–Ni remotamente. En primer lugar, el actual contralor ha sido elegido una vez recién. La Constitución Nacional dice que puede ser confirmado una vez más, por el mismo procedimiento, es decir, tiene que someterse a concurso, que se utilizó para su designación. Él no fue designado esa vez. Él no participó en un concurso para esa primera vez. Él participó en un concurso cuando fue nombrado subcontralor. Y ahora, cuando se destituyó o renunció el anterior contralor general Enrique García, él lo reemplazó en el cargo. Después sí fue designado por un concurso, si es como yo recuerdo. Por lo tanto, tiene derecho a una confirmación todavía.
–Desde su experiencia como ex subcontralor, ¿considera que la institución ha cumplido su rol en los últimos años?
– Yo fui subcontralor y cuando noté cosas de las cuales yo no estaba de acuerdo, y como yo no firmaba y se hacían cosas sin mi conocimiento, presenté un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Yo había ganado un amparo, se apeló, en fin, llegó hasta la Corte y lastimosamente la Corte estableció en esa ocasión que era un cargo unipersonal y que el subcontralor solo reemplazaba al contralor en caso de impedimentos, fin de temporada, vacancias, etc. Eso permitió que enmarque una figura demasiado poderosa para una democracia, no tiene control, quien controla al Contralor y eso incidió en el desarrollo. Otro punto que incidió es que históricamente siempre fueron figuras de la oposición las que ocupaban el cargo del contralor, a hasta que últimamente son del mismo partido de Gobierno.
–¿Le preocupa que la elección termine respondiendo a acuerdos partidarios más que a criterios de idoneidad?
–Legalmente no existe ningún obstáculo. Entre los requisitos no figura en ninguna parte que él tenga que ser del partido de la oposición y tampoco dice que tenga que ser del partido de Gobierno, sino simplemente un ciudadano que se elige por el procedimiento previsto en la Constitución Nacional. Pero en la práctica, en el uso constitucional, sí se había acostumbrado que sea una figura de la oposición. 100% va por acuerdos partidarios. Acá lo importante es que la oposición tenga la cintura necesaria, la capacidad necesaria de negociar y llevar a una persona que garantice el control. Pero eso es cuestión de habilidad política o menor o mayor habilidad. La ley no obliga, la ley no refiere siquiera a la pertenencia política.
–Hay sectores que cuestionan una supuesta cercanía de la Contraloría con el oficialismo. ¿Comparte esa percepción?
–No hay duda de eso. Pero la ley no pone como requisito un acercamiento o alejamiento. En la práctica solo necesita la mayoría requerida.
–¿Qué perfil debería reunir el próximo contralor?
–Y el próximo contralor debe cuidar especialmente que no se le vincule más fuerte con un partido político, por más pertenencia que haya tenido. Es decir, tiene que demostrar objetividad en su trabajo, no prestarse a persecuciones, señalar, determinar las irregularidades cometidas por ministros, fiscales, fiscalías, todos los órganos sometidos al control de la Contraloría, independientemente de la afiliación política. Esa es la principal obligación de la Contraloría.
–¿Qué riesgo cree que implica para la institucionalidad que el contralor responda políticamente al Gobierno de turno?
–Es un daño enorme a la democracia. No se acaba el mundo, no termina la democracia. Tampoco hay que ser catastrofista, pero un daño enorme. El Gobierno de control a quien más se le exige la objetividad, la imparcialidad, como lo manda su ley en la Constitución, se preste para persecuciones políticas es muy triste. Es un golpe enorme a la democracia.
- El próximo contralor debe cuidar especialmente que no se le vincule más fuerte con un partido político. Por más pertenencia que haya tenido, debe tener objetividad y no perseguir.
- El desafío de la oposición es que tenga la cintura necesaria, la capacidad necesaria de negociar y llevar a una persona que garantice el control y la independencia de la Contraloría.
Emilio Camacho
Es abogado y doctor en Derecho. Convencional Constituyente y miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1992. Subcontralor general (95/2000), senador nacional 2003/2008. Asesor jurídico de la Presidencia de la República (2008-2012), actualmente asesor jurídico externo de la Cámara de Senadores y profesor de la UNA.
