El Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) advierte que el escenario de bonanza energética está llegando a su fin y proyecta un posible colapso para el año 2030. Los ingenieros Ángel María Recalde y Guillermo Krauch, ambos referentes del IPPSE, coinciden en un diagnóstico alarmante y sostienen que ya no hay tiempo que perder para evitar una crisis sin precedentes.
El último informe del IPPSE establece diferentes niveles de riesgo para el suministro energético nacional. Según explicó a ÚH el ingeniero Ángel María Recalde –titular del IPPSE y ex director de Yacyretá–, el sistema entrará en una “alerta naranja” a partir del año 2028. Esta etapa implica que a la disponibilidad de potencia actual se le resta un margen de reserva del 20% para hacer frente a imponderables, como los problemas hidrológicos severos que afectaron el caudal del río Paraná en los últimos cinco años.
Recalde enfatizó en que si no se incorporan nuevas fuentes de generación de manera urgente, el país avanzará inevitablemente hacia una “alerta roja”. Este nivel crítico se alcanzará cuando se llegue al tope de la capacidad máxima de generación, cifrada en torno a los 7.800 megavatios (MW), cifra que ya incluye el futuro aporte de la central de Aña Cua (10% más).
Falta de acción. Recalde sostiene que la situación genera una “preocupación razonable” porque “ya no hay más tanto margen de maniobra” en lo que respecta a la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía. Al ser consultado sobre las advertencias previas, recordó que el IPPSE comenzó a advertir sobre este problema hace diez años y que la situación “no se tomó en serio”. Señaló que a pesar de ello, “no se hizo absolutamente nada”.
Por su parte, el ingeniero Guillermo Krauch, integrante del instituto, confirmó esta visión al indicar que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra demorada en el cronograma de su plan maestro de generación. Krauch lamentó que las inversiones previstas no se concretaron por diversos motivos, incluyendo la falta de financiamiento.
Las iniciativas que actualmente están en marcha resultan escasas para el ritmo de consumo eléctrico del país. Explicó que el sistema eléctrico paraguayo crece a un ritmo cercano a los 500 megavatios por año. Por lo tanto, proyectos como Aña Cuá, que aportará apenas 135 megavatios, “no solucionan el problema ni para medio año”. Los profesionales coincidieron en que el país no puede estar poniendo en servicio una potencia menor a la que requiere anualmente.
Una situación similar ocurre con la licitación actual de la ANDE para instalar 140 megavatios de energía solar en el Chaco central. Krauch detalló que esta obra representa “la mitad de la necesidad de un solo año, por lo que su impacto no detendrá el déficit proyectado”.
Para evitar el apagón estructural, los especialistas exigen ejecutar múltiples estrategias en simultáneo. Krauch subrayó que no se debe priorizar una alternativa en detrimento de otra y abogó por que todas las acciones sean tomadas al mismo tiempo.
Si bien los parques solares son de rápida instalación, ambos ingenieros recalcaron que constituyen una solución incompleta si no cuentan con almacenamiento. Recalde afirmó textualmente “que la mera instalación del parque fotovoltaico sin batería de potencia es una solución a medias”. Explicó que la energía solar cubre la alta demanda del horario diurno en verano, pero no ofrece respaldo para el pico de consumo nocturno. Krauch coincidió, agregando que las baterías también son de instalación rápida y fundamentales para la noche.
A la par, los expertos insisten en la necesidad urgente de construir Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y estaciones de bombeo. Aunque estas obras demoran entre cinco y siete años en concretarse, ofrecen la gran ventaja de no depender de las condiciones climáticas y permiten gestionar firmemente la demanda.
- 500 megavatios por año es el crecimiento promedio del consumo eléctrico local, según expertos.
- 1.000 millones de dólares es el monto de inversión requerida para generación a mediano plazo.
Criptominería
El informe técnico del IPPSE desmitifica la creencia de que el fin de los contratos de las criptominerías salvará al sistema eléctrico.
Aunque estos acuerdos vencen en 2027, Guillermo Krauch aclaró que la desconexión de estas industrias no significará un gran sobrante de potencia para el país.
Esto se debe a que las empresas de criptomonedas ya están obligadas por contrato a reducir su demanda durante las horas de mayor consumo de la ANDE.
En consecuencia, su desaparición no evitará que el resto de los consumidores superen la oferta disponible en los horarios pico si no se incorporan nuevas y robustas fuentes de generación.
