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Ley de operaciones electrónicas afectaría a 2 millones de usuarios, estiman

Con la sanción del proyecto de ley de servicios de confianza para transacciones electrónicas, en la versión de Diputados, se establecerían nuevas medidas de seguridad que los usuarios deberán cumplir para poder realizar las operaciones.

Arsenio Ocampos y Aldo Natalizia, de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, explicaron que con el nuevo proyecto de ley de transacciones electrónicas, que espera el veto o promulgación del Poder Ejecutivo, se aplicará una nueva regla en los giros de dinero realizados mediante las billeteras electrónicas.

La ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos” establece el requerimiento de la identificación electrónica con un nivel de seguridad alto para las diferentes operaciones.

"Va a significar un intermediario que hoy no existe. Entonces en la vida de la billetera, es decir, para que el jardinero reciba su giro, va a tener que ir junto a un tercero, un escribano digital, un prestador de servicio de confianza calificado, para que diga que Juan Pérez es Juan Pérez y pueda retirar el dinero", mencionó Aldo Natalizia, en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Además, preocupa el alto costo que podría tener el registro, que superaría por mucho al monto transferido en promedio, que es de G. 150.000 por persona.

¿Qué es seguridad alta?

El art. 31 de la ley señala que existen tres niveles de seguridad; el bajo, nivel de seguridad sustancial y el nivel alto. El nivel de seguridad alto se refiere a un medio de identificación electrónica que establece un grado de confianza en la identidad declarada por una persona superior al medio de identificación con un nivel de seguridad sustancial superior.

Natalizia indicó que este nivel de seguridad requiere de un prestador de servicio de confianza calificado, el cual asume un papel semejante a un escribano, que toma el riesgo de que la persona es quien dice ser y el que señala que la operación es confiable.

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Agregó que la ley permite realizar las operaciones de manera presencial y virtual. Para este último caso, las personas deberán registrarse en un plataforma que los valida para realizar las transacciones.

En ese aspecto, el técnico señaló que difícilmente un prestador de servicio de confianza asuma el riego por envíos de dinero de hasta USD 150.000. "¿Quién va a asumir el riesgo sin conocerte, sin la presencialidad?", cuestionó.

Sostuvo que esta modificación a la ley es una barrera de entrada a los clientes más bajos de la población, en términos económicos, y afectaría a 2 millones de usuarios de billeteras electrónicas, teniendo en cuenta que en el país no se llega al 40% de la bancarización.

Aseguró que se encuentran a favor de la ley y el mayor control, pero considera que estas modificaciones deben ser graduables por el ente regulador; en este caso, el BCP.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1439587642061074437

Ley es inaplicable

Aldo Natalizia señaló que la ley sancionada por el Congreso es inaplicable y que difícilmente en cuatro meses puedan hacerse estos cambios. A esto sumó que este sistema no ha sido implementado en el país.

"Eso no existe hoy, no existió Pytyvõ, no existió ninguna operación, no existe ni en los bancos, porque es un tercero que valida tu identidad, un tercero no es un software, es radical el cambio", alegó.

Argumentó que este cambio afectará mayormente a los usuarios que se encuentran en el interior del país y que además supone un nuevo costo al servicio.

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"Quién te va a dar ese servicio gratis. Se dice que el Estado te va a dar ese servicio con la cédula electrónica, con el servicio de Mitic, de esas dos cosas lo único que es un prestador de servicio de confianza calificado es la cédula, el servicio de Mitic no es un prestador de confianza calificado, es una posibilidad de ir yendo hacia una identidad digital, no es lo mismo", adelantó.

Consideró que la versión del Senado daba una gradualidad y un escalonamiento en el tiempo, además de darle potestad de ente regulador para que vaya definiendo quiénes son las personas que no van a necesitar esa calificación cualificada y que puedan seguir operando. Sin embargo, lamentó que en la versión Diputados se cercene esa posibilidad.

"La ley dice que en 4 meses se tiene que aplicar y cómo en 4 meses no habiendo una empresa va a cualificar", criticó.

Asimismo, manifestó que el diputado Sebastián García, uno de los proyectistas, miente, ya que los servicios de Pytyvõ y Ñangareko no se realizaron por servicio de prestación cualificado. "Ahí lo que pasó es que se estableció un padrón y en ningún caso es seguridad alta", aseguró.

Arsenio Ocampos, de la Cámara de Operadoras Móviles, refirió que se pretende englobar al mismo nivel a las personas que transfieren G. 150.000 (que es el promedio enviado por persona) y ponerlas en igualdad de condiciones con las que transfieren G. 20, 30 o 40 millones.

Certificación solo se realizará una vez

Para Édgar Alarcón, de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), esta normativa define la "cancha de juego" y determina un nivel alto de seguridad a fin de contar con mayor certeza de quien está transaccionando.

Dijo que con ello se espera tener seguridad que quien envíe el dinero sea quien dice ser y el que reciba el dinero sea efectivamente a la persona a la que se envió.

"Esto marca la cancha, después el resto continúa. La visión de los bancos no es cortar el giro normal del negocio. Insistimos, es la seguridad de la identificación de las personas quienes participan", apuntó.

Añadió que en las dos versiones del proyecto se establecía un prestador de confianza y argumentó su necesidad debido a los hechos de estafa y fraudes que se realizan a través de los giros de dinero a causa de la vulnerabilidad del sistema.

Alarcón consideró que a pesar estas nuevas condiciones no va a existir una regresión hacia el dinero en efectivo. Explicó que la certificación se realizará una sola vez y posteriormente ya no se necesitará pasar por dicho proceso, aunque reconoció que sin la reglamentación aún no se sabe cómo funcionará el sistema, ni el costo que podría implicar la certificación de los operarios.

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