Los diputados aprobaron el texto con las modificaciones introducidas por el Senado, que entre otras cosas establece la exoneración del pago a la ANDE, Essap y Copaco, por un periodo de tres meses.
El proyecto de ley “que Declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o coronavirus y establece medidas administrativas, fiscales y financieras”, será remitido al Ejecutivo tras ser sancionado por el Congreso.
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y modificada por el Senado estipula la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de USD 1.600 millones, para el financiamiento de las medidas.
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Uno de los puntos de mayor impacto dentro de la normativa es la autorización de una inversión de USD 500 millones para el fortalecimiento del sistema de salud pública, lo que permitirá garantizar los insumos y duplicar las camas de terapia intensiva.
La propuesta, además, racionaliza recursos de todos los organismos y entidades del Estado. Suprime la compra de bocaditos y suspende el pago de subsidios solidarios, a excepción del personal de blanco, policías, militares y guardias penitenciarios.
Además se autoriza el pago de una gratificación especial en carácter de excepción al personal de salud afectado directamente a la atención de la pandemia del Covid-19.
Exoneración del pago de servicios básicos
El proyecto de ley contempla medidas económicas que impactarán en las familias más vulnerables del país y aquellos ciudadanos que han cesado sus actividades por el paro sanitario decretado por la contingencia del coronavirus.
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Como parte de estas medidas se estipula un régimen especial de pago de los servicios básicos por marzo, abril y mayo, que queda de la siguiente manera:
Los clientes de la ANDE con un consumo mensual de 0 a 500 kV serán exonerados en un 100%. (G. 250.000). Por otra parte, los clientes con un consumo superior a 500 kV mensuales podrán ser diferidos temporalmente. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con las condiciones económicas y con la posibilidad de financiamiento.
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Las de la Essap, aguateras privadas, juntas de saneamiento y comisiones de saneamiento podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% para las mypimes y sectores vulnerables.
Por su parte, las facturas de Copaco podrán ser diferidas temporalmente.
Las obligaciones impagas resultantes de esta medida temporal podrán ser financiadas hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses.
Subsidio monetario
El proyecto de ley de emergencia plantea una asistencia monetaria para los trabajadores informales y aquellos del sector vulnerable, exceptuando a los contribuyentes de la previsional y beneficiarios de otros programas sociales.
La propuesta dispone del desembolso de un subsidio de 25% del salario mínimo legal vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto, y será abonado desde un fondo social a través de entidades de pago.
Para este desembolso, el fondo social dispondrá de hasta USD 300 millones que serán administrados por el Ejecutivo.
Otra de las medidas económicas es la capitalización de instituciones financieras del Estado y un aporte especial al Instituto de Previsión Social (IPS) de hasta USD 100 millones.
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Sin desalojos
La propuesta de ley, en su versión Senado, establece que nadie podrá ser desalojado por el incumplimiento del pago de alquileres, siempre que desembolse el 40% del monto del contrato.
Las sumas que queden pendientes deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del alquiler mensual a ser pagadas en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de seis meses.
El Ministerio de Salud confirmó 37 casos de coronavirus en el país y tres personas fallecieron.
El Gobierno decretó un paro sanitario que se extenderá hasta el 12 de abril y estableció el régimen de aislamiento social hasta este sábado 28, como medidas de contingencia ante la emergencia por el Covid-19.
Miles de ciudadanos sienten el impacto económico del paro de actividades. La medida afecta especialmente al empleo informal, el sector gastronómico, hotelero y comercial.
