24 jul. 2024

Legalidad

Entre las varias cosas que enseñan a los futuros abogados están los principios generales del Derecho, que son enunciados que sirven de fundamento al sistema de normas jurídicas, orientan su aplicación y observación en la sociedad. Son el producto de la elaboración y reflexión histórica de esta ciencia; ejes para interpretar y aplicar la ley.

Entre ellos, está el principio de legalidad del Derecho Público, que señala que “todo acto de poder público debe estar sustentado en la ley. Todo lo que no está expresamente autorizado por la ley, está prohibido a la autoridad pública”.

En otras palabras, las autoridades están limitadas por la ley. No pueden hacer lo que se les antoja, y esto es lo que hace que exista el Estado de derecho, que da, en definitiva, la anhelada seguridad jurídica.

Un antiguo profesor, Juan José Soler, definía: “Estado de derecho no quiere decir otra cosa que la relación jurídica permanente entre Estado e individuo o, en otros términos, un régimen en cuya virtud el poder público y el habitante de un país están sometidos a normas igualmente obligatorias para ambos”.

Días pasados, en la sesión del pleno de la Corte, se dio un debate por demás interesante entre dos ministros, sobre la constitucionalidad o no de la suspensión de los jueces sin goce de sueldo. La votación por suspenderlos sin salario mientras dure el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento fue de 7 a 1, ya que faltó uno de los miembros.

El único que se opuso sostuvo que la medida era claramente inconstitucional, ya que se violaba el principio de legalidad. “¿En qué parte de la ley dice que se puede suspender a un juez sin goce de sueldo...? ¿Dónde nos da esa potestad?”, expresó.

En contrapartida, su colega señalaba que la gravedad de los hechos, que incluso se incrementaron en la audiencia con los jueces aludidos, justificaba plenamente la medida de la suspensión sin goce de salario.

Pero creo que su respuesta fue más que contundente al hacer una simple comparación. “Con este razonamiento, puedo decirle que, porque es un doble homicidio, lo vamos a poder torturar...”.

La cuestión es simple. Por más que le caiga mal a un juez o fiscal, ellos no te pueden meter preso por eso. Menos mal, ya que no creo que muchos de ellos me soporten. En fin, volvamos al tema. Todos los actos de nuestras autoridades deben estar regidos por la ley.

La gravedad de los hechos no se tiene en cuenta para el goce de los derechos. Sí se los debe ver a la hora de imponer una condena, pero igual el procesado debe tener todas las garantías constitucionales.

Es que si ampliamos el ejemplo dado en la sesión del pleno, tenemos que prácticamente una persona no tiene derechos, porque el hecho investigado (ni siquiera juzgado aún), es muy grave, repudiable, deleznable, o el adjetivo que se quiera. Pero esto no debe ser así.

En el caso de los jueces suspendidos, ellos no pueden ejercer o trabajar en otra cosa salvo la docencia, lo que no todos hacen. Entonces, ¿cómo van a mantener a sus familias y pagar las cuentas durante la suspensión? Solo les queda renunciar, con lo que prácticamente reconocerían los hechos, que ni siquiera fueron comprobados aún.

Muchos dicen que “encima que cometen irregularidades, cobran por no hacer nada”. Pero para eso creo que está lo que llaman presunción de inocencia. No se les puede condenar sin un juicio previo, con todas las garantías procesales.

De los tres poderes del Estado, el Judicial es el custodio de la Constitución y el encargado de aplicar la ley, dirimir los conflictos, entre otras cosas. Por esto, si ellos mismos no respetan el principio de legalidad con sus propios jueces, imagínense lo que hacen con un ciudadano común.

De ahí que este debate que se dio en el pleno de la Corte, entre las máximas autoridades judiciales del país, sea tan importante. Se trata nada menos de cómo interpretan la forma en que se debe cumplir y aplicar la ley. Esa es la cuestión.

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Luis Carlos Irala