Hay que apretar los cinturones en algún lugar. Con este discurso el Gobierno abrió el 2026.
Como las finanzas estatales no cuadran, buscan instalar la idea de que el ajuste debe aplicarse donde resulte políticamente menos costoso, es decir, en un sector reducido de la población, para evitar una reacción generalizada.
Ajustar las condiciones de jubilación de un grupo pequeño (docentes, militares y otros) genera menos resistencia que hacerlo sobre el conjunto de la sociedad, como el traslado de subas impositivas, cuestión de momento descartada.
El problema de fondo es una fuerte sangría de las finanzas del Estado, reflejada en la Caja Fiscal como punta del iceberg en un déficit más profundo dentro del Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, el discurso oficial evita hablar de malgasto público y centra la responsabilidad casi exclusivamente en el sistema de jubilaciones de la Caja Fiscal.
Resulta injusto atribuir el déficit a un solo sector cuando existen otros factores que también lo generan. Es evidente que una parte del problema proviene de la Caja Fiscal mal administrada, donde una reforma es más que necesaria, pero en ningún momento se habla con seriedad de reformar otros sectores o de mejorar el gasto público. El discurso también obvia citar a la corrupción y al despilfarro de recursos públicos como parte de un problema mayor.
El relato gubernamental ya está orientando la agenda del 2026, a tal punto que distintos sectores sociales y empresariales ya dan su postura sobre el tema.
Este debate público, con un fuerte énfasis en la reforma del sistema previsional, era necesario y a este Gobierno le toca esta herencia pesada, traducida en una medida compleja, difícil e impopular.
El argumento oficial sostiene que esta reforma permitiría liberar recursos para invertir en salud, educación y otros sectores prioritarios.
No obstante, parchear el déficit de la Caja Fiscal solo resolvería una parte mínima del problema. El ajuste propuesto no sería definitivo, sino temporal, ya que la sangría no proviene únicamente de allí, sino también de la falta de transparencia y de la corrupción en el Gobierno.
Y cabe preguntase: ¿por qué no se habla de reformar otras cajas aún más deficitarias? Con el remedio planteado desde el Gobierno, un sector de la población asume el costo del agujero, mientras la clase política queda al margen.
La carga tampoco se traslada a toda la población con impuestos, ya que sería una medida impopular, lo cual erosionaría aún más la ya casi nula autoridad moral de este Gobierno.
Por eso, es previsible que el oficialismo apruebe la reforma de modo contundente, pero pagará un alto costo político, con consecuencias difíciles de dimensionar. Ya existe un antecedente electoral reciente en el este del país que alerta sobre ese riesgo, aunque el oficialismo parece ignorarlo.
Mientras tanto, sí se encuentran recursos para aumentar gastos discrecionales, sostener el derroche, las sobrefacturaciones y el clientelismo político, pero no para resolver de manera estructural el déficit del sistema previsional.
El discurso oficial insinúa que no se puede invertir más en salud y educación porque los docentes y militares absorben el presupuesto, culpándoles del problema, sin asumir su mala gestión y las pésimas decisiones de gobiernos pasados.
Es innegable que el sistema previsional requiere reformas. La edad de jubilación, los años de aporte y los porcentajes de cotización influyen en su sostenibilidad y en la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones.
Sin embargo, el problema es complejo y la solución debe ser equilibrada y fruto del compromiso de todos. Culpar a un solo sector del déficit estructural y multicausal es injusto. Se necesita una solución integral que distribuya las responsabilidades y los esfuerzos de modo equitativo.
