El Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional Anticorrupción realizaron una lista de todas las supuestas irregularidades que habría cometido Hugo Javier González, gobernador del Departamento Central, con la suma de USD 1 millón, que se le había otorgado para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Entre las presuntas irregularidades, el gobernador habría transferido G. 1.600 millones al centro comunitario de salud de la zona sin autorización. Además, se menciona la suma de G. 1.300 millones que se utilizaron para obras públicas, entre ellos empedrados, que no tenía manera de demostrar el uso correcto de ese dinero, informó Telefuturo.
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Luis Cardozo, ministro auditor del Poder Ejecutivo explicó que les “resultó llamativo” el hecho de que la Gobernación ha entregado alrededor de G. 1.600 millones al Consejo Local de Salud y dijo que tienen documentos del Ministerio de Salud en los cuales les informa que el Consejo Local de Salud no está habilitado.
“Tenemos que ver qué responde la Gobernación al respecto, también hemos encontrado desembolso que se ha hecho a la ONG con fecha posterior a la firma del contrato, también hemos encontrado facturas de pagos también con fecha anterior a la firma del contrato”, expresó.
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Explicó que como organismo de control no tienen la potestad de sancionar, pero si encuentran alguna incongruencia, pueden recomendar a la Fiscalía para que se pueda “profundizar en los casos que llaman la atención”. Aclaró que este lunes recibió el oficio del Ministerio Público para entregar el informe final.
Por su parte, Hugo Javier presentó su descargo en la auditoría del Poder Ejecutivo y las autoridades creen que hasta este viernes tendrán tiempo de poder emitir una conclusión y ver si podrán ratificar las supuestas irregularidades que detectaron en un comienzo.
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El contralor general de la República, Camilo Benítez, explicó que, “cree que el equipo de la Fiscalía está trabajando” porque recibieron un “sin números de oficios” requiriendo esta información y que inclusive los fiscales fueron hasta la Contraloría General de la República (CGR) a retirar la documentación.
“Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y cerrar esta auditoría. Hay tres (auditorías) dos están haciendo la Dirección de Rendición de Cuenta porque la Gobernación transfirió a ONG y fundaciones los fondos y son ellos los que llevaron adelante los procesos y sobre eso hay dos auditorías que están terminando ahora. Hay otra auditotía que realiza la Dirección de Municipalidades, que es incipiente, esa no creo que termine en el corto plazo, pero las otras dos sí van a terminar en setiembre”, explicó.
El fiscal Rodrigo Estigarribia dijo que aguarda los informes de la auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.
