Luego de la denuncia de varios concejales departamentales, la Contraloría General de la República se encuentra estudiando las millonarias transferencias que realizó la institución a cargo del colorado Hugo Javier González a dos organizaciones supuestamente inexistentes, Plantemos Conciencia y Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
En las planillas de transferencia de la Gobernación del Departamento Central, se puede observar que entre el año 2019 y el año 2020 transfirió G. 21.834.072.513 a las organizaciones CIAP y Plantemos Conciencia. Estas hasta ahora no tienen respaldo documental sobre el trabajo que realizaron.
El concejal Billy Vaesken manifestó que el pedido de fiscalización se realizó a la CGR, porque el gobernador Hugo Javier “no ha contestado un solo pedido de informe que le hicimos desde la Junta Departamental y porque no nos ha permitido revisar los documentos respaldatorios para el estudio de su balance 2019”.
“Hoy nos encontramos en la misma situación con respecto al estudio del balance correspondiente al año 2020”, resaltó el concejal liberal.
El edil mencionó que “prácticamente todo el dinero de la Gobernación se les dio a esas organizaciones y anteriormente ese recurso era distribuido a las comisiones vecinales de Central”.
Vaesken mencionó que él y su colega Roque Ávalos constataron que la organización Plantemos Conciencia “no existe”. En cuanto a la organización CIAP, que tiene su sede en Asunción, no se pudieron obtener documentos de los trabajos realizados.
Precisó que no se puede verificar ni una de las obras para las que fueron asignados los recursos.
La Contraloría empezó a estudiar el caso en los últimos meses del año pasado, sobre las transferencias realizadas en el año 2019 y el equipo técnico realizó varias observaciones en un informe que concluyó en diciembre, pero recién se notificó el 3 de febrero.
Se observó que la Gobernación realizó las transferencias a las organizaciones Plantemos Conciencia y CIAP sin presentar las rendiciones de cuentas bimestrales por los fondos recibidos y los gastos realizados a la Contraloría.
También se observa el incumplimiento de los requisitos de las organizaciones sin fines de lucro dispuesto en el decreto reglamentario del Presupuesto del año 2019, ya que se hicieron transferencias en fechas consecutivas a la organización CIAP, sin tener en cuenta los procedimientos.
La Gobernación, en tiempo récord, destinó más de G. 3.500 millones el 25 de octubre a la organización; más de G. 2.500 millones el 29 de noviembre y G. 441 millones el 5 de diciembre. Estos pagos se realizaron en 18 cheques.
La Contraloría en el apartado de requerimientos explicó que fueron verificadas las transferencias por la Gobernación del Departamento Central y las rendiciones de cuentas presentadas por las entidades sin fines de lucro beneficiadas en el año 2019, las cuales presentaron observaciones tanto en los comprobantes legales de respaldo remitidos, así como en las planillas de rendición de cuentas, y fueron solicitadas todas las documentaciones para su descargo.
Al respecto, Mario Florenciáñez, quien está a cargo de la Dirección de Rendición de Cuentas de la Contraloría, indicó que la Gobernación ha realizado la presentación de su descargo en tiempo y forma, y la documentación arrimada por los mismos “es voluminosa y actualmente está siendo analizada conforme el proceso operativo correspondiente”.
Dijo que una vez que sean analizadas las documentaciones, haciendo un contraste de las observaciones realizadas, se emitirá un informe final del mismo.
“Es decir que estamos aun en fase de ejecución y en la validación de hallazgos”, explicó Florenciáñez. Precisó que aún no se puede concluir si existió un delito.
“Se habla de observaciones y hallazgos porque la CGR recién concluye con el informe final y aún estamos en otra fase”, sostuvo.
La nota remitida por la Junta Municipal a la Contraloría, en junio del año pasado, destaca que del total de ejecución presupuestaria del año 2019, el de mayor participación constituye el rubro de Transferencias con el 69,63%.
“La Contraloría con este informe certifica todas las contravenciones que cometió la Gobernación a dar ese monto multimillonario”, destacó Vaesken.
