La empresa Durli Leathers SA ya fue acusada en otra causa pendiente de audiencia preliminar por los mismos hechos que nuevamente se le atribuyen en una investigación reciente, tras el supuesto procesamiento ilícito de desechos y su posterior deposición al arroyo Caañabé, afluente que desemboca directo al Lago Ypoá.
El pasado lunes, funcionarios de la Fiscalía Ambiental, a cargo de Carlos Rojas y personal técnico del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), ingresaron a las instalaciones de la empresa, con el fin de tomar muestras de la aguada de la boca de salida de la planta de tratamientos. También se realizó levantamiento de muestras y tomas de aguas arriba y abajo del arroyo Caañabé.
El fiscal Rojas explicó que aguardan los resultados de análisis de las muestras tomadas por el INTN, como también del Ministerio del Ambiente para luego establecer medidas en el proceso de la investigación
“Estoy esperando el informe del INTN, que generalmente tarda una semana o 10 días y también del Mades para poder saber si ocurrió un delito ambiental”, declaró el fiscal Rojas.
La toma de muestras de aguas ya fue hecha el pasado 10 de agosto en el lugar. Se realizó en la boca de salida de la planta de tratamiento de la empresa Durli Leathers. También aguas arriba y abajo del arroyo Caañabé.
Por su parte, el director de fiscalización del Mades, Julio Mareco, afirmó además que el riego se debía hacer en la zona donde cuentan con plantación de eucalipto y no en la zona de influencia del arroyo Caañabé y Mbaey, que desembocan en el Lago Ypoá.
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En la causa anterior, que se encuentra con pedido de juicio oral, la firma fue investigada en el 2019 por los mismos hechos punibles de infracción el artículo 5, inciso e, de la ley 716/96 de Delitos contra el Ambiente.
En ese sentido, la audiencia preliminar, fijada por el Juzgado de Carapeguá para el 25 de marzo del 2021, fue suspendida, teniendo en cuenta que la defensa presentó recusación contra el Juez. Por ese motivo, se volvió a agendar una nueva fecha para el día jueves 19 de agosto de este año.
Pese a estar con una acusación fiscal, la empresa seguía operando normalmente, por contar con una habilitación ambiental.
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Tras la nueva investigación, esta vez por el fiscal Carlos Rojas, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dispuso la suspensión de la declaración de impacto ambiental e impuso medidas correctivas por vertido de efluentes e incumplimiento al plan de gestión ambiental a la empresa, la cual es de procedencia brasileña y está situada en Carapeguá.
La firma había señalado que se trataba de una persecución, sin embargo, fue denunciada nuevamente por volver a incurrir en los mismos hechos.
