La organización, con sede en Miami, se pronunció tras una editorial en la que el periódico tachó la medida de un “feroz apriete para acallar un medio de comunicación”.
La asociación cuestionó la orden del martes de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), tras inspecciones “en apenas 12 sucursales” con el argumento que “se detectaron productos vencidos” o “reetiquetados”, basados “en denuncias de redes sociales”.
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El cierre, que ABC consideró “un hecho sin precedentes”, afecta a los 263 minimercados de Biggie Express y 5.300 empleados en 31 ciudades del país.
En este contexto, las autoridades “deben garantizar la transparencia del proceso y así evitar decisiones estatales que puedan percibirse como represalias o neutralización de críticas periodísticas”, declaró el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, en un comunicado.
La agrupación indicó que el Gobierno no ha precisado una fecha exacta para levantar la suspensión.
El medio opinó que “este es un ataque calculado para golpear a un medio crítico”, además de tacharlo de “bravuconería y abuso de poder”.
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La SIP recordó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó en octubre pasado la Declaración de Chapultepec, que afirma que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.
Por ello, “se debe explicar clara y públicamente la justificación de la medida, para evitar cualquier apariencia de discriminación conforme a los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec”, pidió la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.
Fuente: EFE.
