Señala un informe de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, del Ministerio de Justicia, que el Departamento Central está saturado: tiene 1.431 personas presas por delitos menores; este dato supone que con estas personas se podrían llenar tres penitenciarías completas. La realidad muestra que el sistema de Justicia es riguroso e implacable con los microdelitos, como el hurto, apropiación y otros, mientras que es demasiado flexible en los casos de corrupción pública, e involucra a personas vinculadas al poder.
Esta selectividad penal que se observa en el informe de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, del Ministerio de Justicia, no es un hecho reciente. En Paraguay, quien roba mandarinas puede terminar en una celda, pero el corrupto que ha robado dinero público logra casi siempre la libertad o la prisión domiciliaria.
Nuestro sistema de Justicia adolece de varias falencias; por un lado, decenas de causas prescriben debido a la lentitud y al abuso de chicanas. Recordemos la presentación de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que en una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia llamó la atención sobre la “alarmante” falta de una política institucional para erradicar la impunidad.
Reclamaban que, debido a la burocracia, la lentitud de la Justicia y la falta de cumplimiento de los plazos procesales, expedientes de casos de corrupción podrían quedar impunes. Se trataba de procesos contra ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y otros. Hace unos años, la Corte Suprema emitió una acordada en la que señalaba el uso excesivo de la prisión preventiva, indicando que esta debía aplicarse solo de manera excepcional. Sin embargo, la realidad muestra que todo sigue igual, y por eso hay personas presas por resistencia, producción de documentos no auténticos, apropiación, denuncia falsa o perturbación de la paz pública.
Nuestro sistema de Justicia es inflexible cuando se trata de microdelitos, como el hurto o la apropiación, pero cuando se trata de personas con poder y son condenadas a elevadas penas estas logran que el sistema sea benigno con ellas; esa es la “selectividad penal”.
Como señalaba el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, algunos son más vulnerables a ser criminalizados, a ser puestos en prisión, y se cuestiona “¿por qué condenados en primera instancia a penas de 5 años o más pueden tener medidas alternativas e imputados con misma expectativa de pena terminan con prisión preventiva durante todo el proceso?”. Y agregó un contundente ejemplo: “Si salgo de una zona vulnerable trajeado, y tengo en mi bolsillo cocaína, el policía no me va a retener”; sin embargo, si la persona que sale de ahí se ve vulnerable, “probablemente sea inspeccionado, y solo por su apariencia. “Por ese simple hecho, va a terminar en la comisaría y es altamente probable que termine en la penitenciaría”.
La población carcelaria sin condena en nuestro país se ubicaba en un 61,6% para los hombres y del 47% entre las mujeres, según datos de 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también alertaba sobre un aumento de casos de tuberculosis, sífilis y VIH entre los reos. De estos riesgos se libran los privilegiados que residen en las conocidas celdas vips de nuestras cárceles.
Aquí es donde se nota de manera evidente la desigualdad en el Paraguay. El garrote punitivo solo se aplica a los más desfavorecidos, y nunca a quienes cometen o son investigados por presuntos hechos de corrupción pública. Se tiene que acabar aquella justicia benevolente con el poder, como en el caso del ex gobernador Hugo Javier González quien está libre, pese a estar condenado a 10 años de cárcel por desvío de G. 5.105 millones; Erico Galeano, senador colorado condenado a 13 años de cárcel y otro ex gobernador, Óscar Venancio Núñez, que tiene una condena de 11 años de cárcel por causar un perjuicio al Estado paraguayo de G. 52.500 millones, pero goza de arresto domiciliario.
La Justicia debe dejar de ser parcial y cómplice de la impunidad; debe ser eficiente e independiente y ya no aquella que describía el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, que es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos.
