La existencia de celdas vips en las cárceles, así como privilegios para reclusos por los cuales se deben pagar, es una terrible realidad en el Paraguay. Esta situación señala no solo la desigualdad, sino fundamentalmente un Estado que abandona a las personas en recintos donde deben sobrevivir en ambientes a veces inhumanos. Se deben cortar todos los privilegios de quienes pueden pagar, establecer condiciones dignas para los presos y acelerar los procesos para que ya nadie más esté encerrado y sin condena.
La empresaria Dalia López fue detenida en pleno Jueves Santo, ella estaba residiendo en una lujosa residencia en el barrio Herrera de Asunción. Fue una de las más buscadas por la Justicia y contaba con una orden de captura a nivel nacional e internacional por los cargos de producción de documentos públicos de contenido falso y por asociación criminal.
El caso se había iniciado el 4 de marzo de 2020 cuando llegó al país el ex jugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho para participar en una campaña benéfica y presentar su libro Genio en la vida. Sin embargo, este quedó detenido junto a su hermano, Roberto de Assis Moreira, tras detectarse que tenía cédulas y pasaportes paraguayos de contenido falso. Estuvieron por más de un mes detenidos en la Agrupación Especializada, y luego fueron beneficiados con prisión domiciliaria en un hotel de Asunción hasta su salida del país.
El caso tuvo repercusión en varios funcionarios del Departamento de Identificaciones, de la Dirección de Migraciones y autoridades del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi; siete personas fueron condenadas a penas carcelarias desde dos hasta cinco años, por asociación criminal y producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Y desde entonces, Dalia López permanecía prófuga.
Una semana después de haber sido detenida se filtró la información de que la celda en donde estaba Dalia López había sido reacondicionada para su estadía, contando con split, un somier, caminadora y electrodomésticos; en la celda encontraron sillas lujosas y un ramo de rosas. Al ser consultado, el comisario Marcelino Espinoza, director general de Investigación Criminal, dijo que permitieron el ingreso de estos productos “por humanidad” por su estado de salud.
Recordemos otro caso del año pasado cuando durante la intervención de la antigua cárcel de Emboscada fueron halladas en las dependencias privadas sofás, frigobar, acondicionador de aire, televisores plasma, cocina amoblada, mesa, sillas, congeladores con carne, heladera y celulares. Según se supo, para acceder a los lujos debían pagar mensualmente G. 300.000 a otro interno, y también disponían de habitaciones especiales para las visitas conyugales. También encontraron un pabellón con dos alas de celdas vips equipadas con un somier, sofá, acondicionador de aire, mesa, ventilador, máquina de café, cuadros, y baño privado.
Es mucho lo que tiene que cambiar en el país para que esto no se repita. No se trata solo de impunidad y privilegios, sino también de desigualdad. Porque, por un lado, y según los datos del mes de febrero del Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario tenía 6.889 personas condenadas y casi el doble, 13.156 procesados. Todas estas personas conviven hacinadas y en algunas penitenciarías como la de Concepción superan en más del 80% su capacidad. Precisamente en esta Penitenciaría Regional recientemente una persona falleció con un diagnóstico de tuberculosis. Un documento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alertaba ya el año pasado sobre el aumento de casos de tuberculosis, sífilis y VIH en las cárceles.
Asimismo, denunciaba la cruel realidad en la que sobrevive la mayoría de los reclusos en las diferentes cárceles del país; los internos subsisten en condiciones inhumanas, en medio de la hediondez, sin las mínimas y básicas comodidades, durmiendo en el suelo o en pasillos y pasando hambre.
Esto debe cambiar. Es inaceptable que mientras miles de reclusos sobreviven en la miseria y el abandono, quienes disponen de recursos como los miembros de familias criminales disfrutan de privilegios y caprichos. Estas situaciones no condicen con una democracia y un Estado de derecho.
