La presunta amenaza a una fiscala a fin de que se abstuviera de interponer un recurso en una causa penal del interés del senador colorado Hernán Rivas aporta, sin duda, una nueva faceta a este caso que ya cumple seis años. No solamente la Fiscalía General deberá investigar la denuncia, y sobre todo, proteger a la agente amedrentada, sino también el partido político que sostuvo la carrera del senador, el Partido Colorado, deberá asumir la responsabilidad política de haber manchado la institucionalidad del país.
En junio del 2020 los diputados designaron a Hernán Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y removieron a Ramón Romero Roa, quien recurrió a la Corte Suprema de Justicia. El diputado Romero Roa falleció en 2001 y un año después la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad. Hace seis años, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta, había solicitado “a título personal” la remoción y sustitución del diputado de Honor Colorado, Hernán Rivas, como representante de la Cámara Baja, pues, argumentó, que existían sospechas de que su título de abogado era ilegal.
Su designación fue considerada inconstitucional porque el periodo de su antecesor no había concluido y no se presentaron causales para su remoción. Además de ello, el abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), lamentaba la incorporación del entonces diputado Rivas como miembro del JEM y presentaron una denuncia contra el legislador ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la cual se solicitaba una investigación sobre la validez de su título de abogado.
Más recientemente, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que envió a juicio oral al senador colorado cartista, alegando que el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) había prescripto y que, por ende, no podía configurarse el delito de uso de documentos públicos de contenido falso, y él fue sobreseído.
Ahora, en un nuevo capítulo de esta vergonzosa historia, se reveló que la fiscala Patricia Sánchez, quien se encuentra a cargo del caso, el pasado 31 de marzo envió un documento de “carácter reservado” al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, solicitando protección ante supuestas amenazas que recibiera en el marco de la investigación del presunto título falso de abogado del senador colorado Rivas.
“Recibí una comunicación verbal proveniente de una fuente humana, quien solicitó reserva de su identidad. Según la fuente, el senador Hernán Rivas le manifestó expresamente que me hiciera saber que si interpongo recurso contra lo resuelto en la Cámara en la causa penal de su interés, se ocuparía de que yo sea destituida del cargo”, explicaba la fiscala Sánchez.
Esta es, sin duda, una grave acusación que deberá ser aclarada y que pone al Partido Colorado, que sostiene a Rivas, en una muy delicada situación. Es hora pues de asumir la responsabilidad política.
Ahora, otra nueva denuncia fue presentada por los senadores Celeste Amarilla (PLRA), Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) e Ignacio Iramain (independiente) contra Hernán Rivas por producción mediata de documento público de contenido falso ante la Fiscalía General del Estado.
“Se dejó constancia en registros oficiales de un título de abogado notoriamente nulo. Al tratarse de un hecho reciente, la acción penal está plenamente vigente. No hay margen para alegar prescripción ni evitar que continúe el proceso”, anunció el senador Filizzola.
Si el Partido Colorado insistió en ubicar al senador Rivas como representante de uno de los poderes del Estado en una institución tan importante como el Jurado, conociendo las objeciones hacia él, debe asumir ahora su responsabilidad por haber causado una profunda herida al Estado de derecho y a nuestra democracia. Es inaceptable que conviertan a la Justicia en una farsa y que la utilicen a su conveniencia. Porque la gravedad de este asunto radica en que el caso, no se limita a lo jurídico, sino que confronta nada más y nada menos que a ética y la moral de nuestros representantes.
