Un grupo de organizaciones ciudadanas que forman parte del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) ha denunciado que existe una maniobra en sectores del Poder Judicial para intentar matar la Ley de Acceso a la Información Pública, tras un fallo del Tribunal de Apelaciones que condenó al ciudadano Daniel Vargas Téllez a pagar casi siete millones de guaraníes por haber reclamado judicialmente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le negó información pública.
Vargas Téllez es justamente el ciudadano que hizo posible la obtención de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, ya que un pedido suyo sobre información pública presentado a la Municipalidad de San Lorenzo, en el 2007, logró que la Corte Suprema de Justicia finalmente acceda al requerimiento en el 2014, obligando a que todos los demás organismos del Estado divulguen sus datos y a que se sancione la ley que desde entonces ha posibilitado detectar varias irregularidades y casos de corrupción en la administración pública.
Ahora, sin embargo, la postura de la Justicia ante un nuevo pedido de información pública parece haber cambiado radicalmente. Tras denuncias de supuestas irregularidades en las últimas elecciones generales, Vargas Téllez recurrió al mecanismo de la Ley 5282/14 para solicitar información pública al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pidiendo que se le provean copias de toda la documentación relacionada con los comicios en el distrito de San Lorenzo.
Ante la negativa en los plazos establecidos por la legislación, el ciudadano recurrió a la Justicia Ordinaria. El 31 de diciembre pasado, el juez de Primera Instancia Tadeo Zarratea Dávalos resolvió no hacer lugar al pedido, por supuestamente haber prescripto el plazo de 60 días que establece la ley.
Según los denunciantes, el magistrado tuvo como parámetro que eran 60 días corridos, cuando que la ley establece 60 días hábiles. El accionante presentó una apelación, a lo que el Tribunal de Apelaciones falló nuevamente a favor del TSJE con los argumentos del juez Guillermo Zillich, a los que se adhirieron las juezas Bibiana Benítez y Gloria Benítez, señalando que el plazo efectivamente es de días hábiles, pero que corrió desde el 14 de agosto, cuando que el TSJE contestó y negó la información recién el 2 de octubre. Los fallos conocidos en ambas instancias demuestran una actitud de complicidad con la antigua y viciada cultura del secretismo en nuestro país.
El precedente resulta muy negativo e implica una manera de desalentar a que más sectores recurran a este instrumento contra la corrupción y la impunidad. La presión desde las instancias ciudadanas debe lograr que la Justicia revea su lamentable postura
