Los testimonios, quejas, lamentos y reclamos de los usuarios del transporte público no logran hacer mella en la conciencia de nuestras autoridades nacionales. Las críticas encuentran amplio espacio en los medios de comunicación, y las redes sociales son un espacio frecuente en el que los usuarios comparten penurias y denuncias. No se trata solamente del mal estado de las unidades, que sin duda es un factor importante, dado que una de las quejas más frecuentes está relacionada con servicios que, en realidad, no están siendo suministrados. Por eso, hay reclamos ante las unidades llamadas diferenciales, que cobran el precio del pasaje más caro, pero que a menudo son en realidad hornos ambulantes donde los pasajeros padecen calor extremo y hacinamiento.
Además de la calidad de los servicios, se debe mencionar una de las acciones que más perjudican a la población. Se trata de las reguladas, aplicadas en forma sistemática, y ante las cuales las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, como ente responsable, no ofrecen soluciones.
Los testimonios describen el padecimiento: “Imposible es viajar, no sabés cómo sufrimos. Necesitamos buses que nos lleven directo a IPS”; “Estoy esperando hace como media hora (el colectivo) y ya pasaron cuatro y no nos alza. Yo ya no voy a llegar a hora a mi trabajo y estoy pidiendo Bolt. Yo tengo que venir en dos colectivos y esto es imposible. Viajás como sardina en el colectivo”. Estas reguladas impactan particularmente en los trabajadores y estudiantes, pues se aplican en los horarios pico, para la entrada a los puestos laborales o estudio, y nuevamente afectan el regreso a los hogares.
El empresario Alejandro Zuccolillo, propietario de la Línea 12 Magno SA, prácticamente el único que conversa con los medios de comunicación, afirma que varias empresas se vieron perjudicadas desde la pandemia, y que sería uno de los motivos que inciden en la frecuencia de las unidades del sistema. Aporta datos, como que la mitad de la flota operativa de buses de Asunción y el área metropolitana todavía sigue circulando con unidades de más de 15 años, sin renovación de su parque automotor, y apunta como propuesta para optimizar el sistema, la integración entre varias empresas para recuperar la credibilidad del usuario.
El servicio del transporte público es, lamentablemente, un tema relegado o ninguneado por las autoridades del Estado. Se hace evidente que las autoridades de gobierno carecen de interés y planes para hacer posible que la ciudadanía acceda a un buen servicio. Además, se nota un desconocimiento de las tendencias a nivel de Latinoamérica en cuanto al sistema de movilidad urbana; prueba de ello son las ocasionales promesas de reemplazar las unidades del transporte público por buses eléctricos. Esto equivaldría a llenar nuestras calles y avenidas de buses eléctricos que circularían en medio del mismo caos que padecemos actualmente. Es evidente que esa no es la solución.
Necesitamos que el Gobierno designe a profesionales, expertos y conocedores del tema, si queremos ingresar al siglo XXI. La única alternativa será reemplazar el uso de los vehículos particulares por buses del transporte público, cómodos, seguros y que cubran todos los itinerarios necesarios, dando con esto opciones a la población. Este es el modelo aplicado en prácticamente todo el mundo, un eficiente transporte masivo con el que además se contamina menos y se alivia el tráfico. Muchas ciudades adoptan el sistema denominado BTR, el sistema de autobús de tránsito rápido, combinándolo con el metro, tranvías, sistema de trenes de cercanía y largas distancias y bicisendas. Para que esto sea posible se deben dejar de lado intereses políticos y económicos mezquinos y, sobre todo, se debe pensar en la calidad de vida de la población.
