22 abr. 2024

Continúan ausentes políticas de Estado para frenar inseguridad

Cada día se suceden los hechos delictivos que impactan en la ciudadanía, hasta el punto de que estos eventos prácticamente están normalizados. La violencia urbana afecta a las personas en las paradas del transporte público, en las calles y en los espacios públicos, mientras las autoridades del país continúan sin ofrecer respuestas, salvo alguna estadística surrealista. La inseguridad se suma de esta manera a la lista de deudas del Estado paraguayo, que tampoco ofrece a la población educación de calidad, salud pública, empleo digno ni servicios eficientes.

Un estudiante de 16 años falleció tras ser apuñalado mientras se dirigía al colegio en Filadelfia, Departamento de Boquerón. El adolescente murió desangrado, ya que la ambulancia demoró cuarenta minutos en llegar.

La semana pasada una joven fue asaltaba mientras trotaba en el parque Carlos Antonio López, del barrio Sajonia de la capital. Los vecinos reclaman que en el lugar la iluminación es insuficiente, lo mismo que la seguridad.

Vecinos del barrio Don Bosco, en las inmediaciones del barrio Itá Pytã Punta, de la ciudad de Asunción, realizaron una actividad para recaudar dinero con el fin de colocar un circuito cerrado. Dicen que la zona se vuelve cada vez más insegura por la presencia de los presuntos adictos a las drogas. A través del sistema instalado, los residentes pueden ver a las personas que pasan por la zona en motocicletas y les amenazan con armas de fuego. Con esta realidad, deben convivir los pobladores.

“Todos los días es vivir en jaque”, relata un ciudadano, víctima de la ola de asaltos en el Departamento de Alto Paraná. En esta zona no cesan los robos y atracos en Ciudad del Este y las ciudades vecinas; prácticamente, no pasa un día sin que los corresponsales informen de un caso en el que una gavilla de encapuchados atraquen algún negocio, causen destrozos e incluso tomen rehenes. El titular de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, Rigoberto Chamorro, confesó que ya no saben a quién recurrir, “cuando asumió Riera, nos fuimos junto a él y, al final, es todo para la foto”, se lamenta.

Si hurgamos en el archivo podremos encontrar cientos de casos similares a los mencionados, lamentablemente tienen en común la impunidad para los delincuentes y el hartazgo y la desesperación de la ciudadanía.

El año pasado, el entonces comandante de la Policía Nacional había explicado que la violencia urbana está relacionada directamente con el consumo de drogas. Explicaba que nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes, y apuntaba que había una estimación que señalaba que en Asunción hay 24.000 jóvenes consumidores de drogas y 70.000 en Central, y que casi el 90% corresponde a dicha franja etaria: 64% son jóvenes de 18 a 25 años y un 23% de 18 años y menos, incluso niños. Esto supone que 9 de cada 10 hechos de violencia son cometidos por jóvenes menores de 25 años.

Caben pocas dudas respecto de que este es un problema estructural. El hecho de que nueve de cada diez actos de violencia sean cometidos por jóvenes menores de 25 años es sumamente grave, pero sobre todo preocupante para nuestro presente y nuestro futuro como nación. Precisamente por eso, debemos cuestionarnos como sociedad, qué tipo de oportunidades tienen estos jóvenes, qué les ofrecen las instituciones en cuanto a educación, salud o empleo. La respuesta es bastante simple. El Estado nada ofrece a la juventud del Paraguay y la clase política no ve las señales de desesperación y desesperanza de quienes no tienen nada, mientras con los impuestos del pueblo se sostiene la pesada estructura de nepotismo en el Congreso.

La ciudadanía ha sido abandonada, y mientras se suceden los casos de violencia urbana y estudiantes y trabajadores son asaltados con armas y heridos por un teléfono, siguen ausentes las políticas de Estado en seguridad.

Los paraguayos no esperan milagros de sus gobernantes, solamente que cumplan con sus promesas y asuman responsabilidades. Los paraguayos no quieren normalizar una vida entre atracos y violencia cotidianos, y tienen derecho a vivir una vida digna en un ambiente seguro y saludable.

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