22 abr. 2024

Alto peso de salarios públicos en un PGN sin calidad de servicios

El alto peso de las remuneraciones en el total del gasto público siempre llama la atención de la ciudadanía, a pesar de que con respecto a otros parámetros está por debajo de los estándares internacionales. Esto no sería un problema si fuese acompañado por calidad en la gestión pública, lo cual nunca será posible sin una carrera seria y rigurosa en la función pública basada en méritos y resultados de la gestión. Los casos de nepotismo muestran la fuerte injerencia político-partidaria en las decisiones que se refieren a los recursos humanos.

El presupuesto es el instrumento por excelencia para asignar recursos a las políticas, planes y programas públicos, por lo que este debe ser capaz de garantizar un financiamiento eficiente y eficaz de las intervenciones estatales.

El presupuesto ha verificado un cambio sustancial en los últimos años, aumentando la deuda supuestamente para fortalecer la infraestructura del país. Como contrapartida, el pago de la deuda ya ha generado restricciones en ámbitos muy sensibles para la ciudadanía, como la salud y la educación. La población no está viendo el retorno de dichas inversiones ni en la infraestructura que le beneficia de manera directa ni en la calidad de los servicios públicos.

Otra parte importante del presupuesto se destina al pago de salarios y beneficios a funcionarios públicos. No hay evidencia de reformas en el servicio civil, por lo que finalmente el sistema de remuneraciones mantiene un esquema injusto, sin incentivos monetarios para quienes cumplen su tarea con responsabilidad y compromiso.

Al costo de las remuneraciones hay que agregarle otros, como los seguros médicos y el déficit de la Caja Fiscal; ambos financiados por la población que no cuenta con acceso suficiente a la salud y, mucho menos, a la jubilación. La situación empeora si se considera un sistema tributario basado en impuestos indirectos, sumamente inequitativo.

Si el trato y los servicios públicos son deficientes, peor es el financiamiento, que en lugar de contribuir al rol fundamental del Estado de redistribuir, profundiza las desigualdades, generando ciudadanos de primera y segunda clase.

Las señales que está dando este Gobierno son las mismas de los gobiernos anteriores, ya que existen contrataciones por acuerdos políticos y retribuciones de favores, a espaldas de criterios meritocráticos.

La ciudadanía clama por mejores servicios públicos. La mayoría de ellos requieren acciones cuyo principal recurso es el humano. La salud, la educación, la protección social, la seguridad ciudadana exigen muchos funcionarios públicos, pero comprometidos y capaces de brindar una atención con calidad y calidez.

El Gobierno, en lugar de implementar la carrera del servicio civil, permanece insensible a la demanda ciudadana y paralizado en las acciones. Su única acción ha sido un discurso vacío sobre la necesidad de una nueva ley de la Función Pública. Sin embargo, tenemos una vigente que no se cumple, mientras que se envía otra propuesta sin haber justificado a la ciudadanía con suficiente evidencia empírica sobre su necesidad.

El malestar que se genera en la ciudadanía y la mala calidad de los servicios públicos ocasionados por un sector público sin compromiso obstaculiza cualquier objetivo de crecimiento sostenible, desarrollo y bienestar.

Esperemos que las autoridades sean conscientes de este hecho y tomen las medidas adecuadas lo antes posible. Los recientes casos de nepotismo son una muestra de la injerencia político-partidaria. Uno de los mayores desafíos del Estado paraguayo es garantizar el adecuado y racional funcionamiento del servicio civil.

Merecemos un país mejor.

Paraguay cuenta con recursos humanos, tierra, agua, capacidad productiva, y jóvenes y adultos con aspiraciones de mejorar su propia situación, pero también la del país. Es decir, tenemos todo para convertirnos rápidamente en un ejemplo de desarrollo en la región; sin embargo, unos pocos inescrupulosos y capturados por una élite política y económica nos están hundiendo sin pausa.

Sin talento humano y compromiso en la gestión pública, no hay ninguna posibilidad de avance.

Más contenido de esta sección
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.
La violencia contra las mujeres es una preocupante realidad en el Paraguay. En este Día de la Mujer Paraguaya debemos recordar los datos de las instituciones que señalan que, pese a las leyes, los casos de violencia en el hogar y los casos de feminicidio no disminuyen. Estamos lejos de ser una sociedad que respeta y valora las capacidades de las mujeres; prueba de ello es el aumento en el último año de la violencia política. Este es un indicador del largo camino que nos falta andar para ser una sociedad verdaderamente democrática.