El presupuesto es el instrumento por excelencia para asignar recursos a las políticas, planes y programas públicos, por lo que este debe ser capaz de garantizar un financiamiento eficiente y eficaz de las intervenciones estatales.
El presupuesto ha verificado un cambio sustancial en los últimos años, aumentando la deuda supuestamente para fortalecer la infraestructura del país. Como contrapartida, el pago de la deuda ya ha generado restricciones en ámbitos muy sensibles para la ciudadanía, como la salud y la educación. La población no está viendo el retorno de dichas inversiones ni en la infraestructura que le beneficia de manera directa ni en la calidad de los servicios públicos.
Otra parte importante del presupuesto se destina al pago de salarios y beneficios a funcionarios públicos. No hay evidencia de reformas en el servicio civil, por lo que finalmente el sistema de remuneraciones mantiene un esquema injusto, sin incentivos monetarios para quienes cumplen su tarea con responsabilidad y compromiso.
Al costo de las remuneraciones hay que agregarle otros, como los seguros médicos y el déficit de la Caja Fiscal; ambos financiados por la población que no cuenta con acceso suficiente a la salud y, mucho menos, a la jubilación. La situación empeora si se considera un sistema tributario basado en impuestos indirectos, sumamente inequitativo.
Si el trato y los servicios públicos son deficientes, peor es el financiamiento, que en lugar de contribuir al rol fundamental del Estado de redistribuir, profundiza las desigualdades, generando ciudadanos de primera y segunda clase.
Las señales que está dando este Gobierno son las mismas de los gobiernos anteriores, ya que existen contrataciones por acuerdos políticos y retribuciones de favores, a espaldas de criterios meritocráticos.
La ciudadanía clama por mejores servicios públicos. La mayoría de ellos requieren acciones cuyo principal recurso es el humano. La salud, la educación, la protección social, la seguridad ciudadana exigen muchos funcionarios públicos, pero comprometidos y capaces de brindar una atención con calidad y calidez.
El Gobierno, en lugar de implementar la carrera del servicio civil, permanece insensible a la demanda ciudadana y paralizado en las acciones. Su única acción ha sido un discurso vacío sobre la necesidad de una nueva ley de la Función Pública. Sin embargo, tenemos una vigente que no se cumple, mientras que se envía otra propuesta sin haber justificado a la ciudadanía con suficiente evidencia empírica sobre su necesidad.
El malestar que se genera en la ciudadanía y la mala calidad de los servicios públicos ocasionados por un sector público sin compromiso obstaculiza cualquier objetivo de crecimiento sostenible, desarrollo y bienestar.
Esperemos que las autoridades sean conscientes de este hecho y tomen las medidas adecuadas lo antes posible. Los recientes casos de nepotismo son una muestra de la injerencia político-partidaria. Uno de los mayores desafíos del Estado paraguayo es garantizar el adecuado y racional funcionamiento del servicio civil.
Merecemos un país mejor.
Paraguay cuenta con recursos humanos, tierra, agua, capacidad productiva, y jóvenes y adultos con aspiraciones de mejorar su propia situación, pero también la del país. Es decir, tenemos todo para convertirnos rápidamente en un ejemplo de desarrollo en la región; sin embargo, unos pocos inescrupulosos y capturados por una élite política y económica nos están hundiendo sin pausa.
Sin talento humano y compromiso en la gestión pública, no hay ninguna posibilidad de avance.
