La seria crisis política por la que atravesó el país esta semana tendrá costos en la economía. Paraguay está en los últimos lugares en casi cualquier indicador de calidad institucional, lo que afecta a la seguridad jurídica.
La reciente expulsión de la senadora Kattya González de manera totalmente irregular, mientras otros parlamentarios que deberían estar fuera del Congreso teniendo pruebas contundentes en contra, marca un nefasto precedente en la institucionalidad, dando claras señales de la calidad no solo de las normas, sino también del apego a estas por parte de nuestras autoridades.
Una de las formas en que impacta en la economía es por la vía de las inversiones extranjeras. La inestabilidad política desincentiva su llegada, por lo que el país termina ofreciendo condiciones que perjudican al Fisco, como es el caso de las exoneraciones tributarias.
El gasto tributario o monto que el país deja de recaudar en impuestos se convierte en una falta de recursos para financiar infraestructura o servicios sociales o en un aumento de impuestos para los nacionales.
Una peor consecuencia es la que se deriva de la llegada de empresas con antecedentes negativos, por lo cual ya no son recibidos en países serios y terminan recalando en países como el nuestro, donde aprovechan las debilidades institucionales para hacer negocios en vinculación con políticos o empresarios nacionales también de escaso apego a las normas.
Pero no solo a los extranjeros afecta esta situación, sino también a los emprendedores nacionales, que ante la incertidumbre terminan reduciendo sus aspiraciones y, con ello, sus inversiones. Al final, el resultado es un menor nivel de inversión y, con ello, una menor demanda de trabajo, frente a una oferta que crece gracias al bono demográfico y, sobre todo, que necesita buenas condiciones laborales —ingresos altos, seguridad social, estabilidad económica— para garantizar crecimiento económico sostenido en el tiempo y con inclusión social.
El conflicto pasado tendrá importantes costos por la inestabilidad política y en la calidad institucional. Estudios académicos con fuerte sustento econométrico sobre los determinantes de la inversión extranjera directa (IED), como encuestas realizadas a ejecutivos de empresas transnacionales, dan cuenta de que la llegada de estos recursos externos depende de múltiples factores, siendo los principales la seguridad jurídica y la calidad de las instituciones.
Los objetivos de atraer IED son varios, no solo la entrada de divisas: la transferencia tecnológica, la generación de empleo, la innovación en prácticas laborales y procesos productivos y el desarrollo de sectores auxiliares y de nuevos mercados.
Pero no solo es importante la IED, sino también la interna. Numerosos gremios de la producción han manifestado su disconformidad y emitido alertas sobre la situación actual. Las empresas paraguayas de todos los tamaños sufren cotidianamente las consecuencias de malos servicios públicos y baja calidad de la educación, a lo que se suma la inestabilidad política casi permanente y agudizada esta semana. El mundo exige estándares de calidad a la producción y la juventud paraguaya busca empleos en mejores condiciones que en el pasado, los que no solo serán posibles con emprendimientos e inversiones productivas.
La economía paraguaya viene mostrando retrocesos desde hace varios años. La pandemia aceleró el deterioro, por lo que estos años deberían haber sido de un crecimiento inclusivo para recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, los políticos, en lugar de contribuir, han estado permanentemente actuando en contra de la ciudadanía y de cualquier posibilidad de recuperación económica.