Con motivo del aniversario 81 del Instituto de Previsión Social (IPS), hubo celebraciones en la institución y evaluaciones bastante críticas por parte de los asegurados. En ambos casos, se escucharon argumentos muy conocidos.
Por parte de los administradores actuales, en este caso el presidente del IPS, doctor Jorge Brítez, el discurso fue el habitual: que no es fácil revertir la situación en la que dejaron la previsional las anteriores autoridades. Y, en cuanto a los asegurados también, cuando mencionan los cientos de falencias que les afectan a la hora de recibir asistencia en salud. Hay, sin embargo, entre ambas situaciones una diferencia: el presidente de la entidad es un empleado nombrado por el Poder Ejecutivo, mientras que los asegurados son quienes aportan los recursos, junto con la patronal.
Creado por decreto el 18 de febrero de 1943, por el presidente Higinio Morínigo, IPS tiene la finalidad de brindar un conjunto de servicios en casos de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; al mismo tiempo, al trabajador titular le otorga una jubilación o una pensión.
Mucho ha cambiado en el país en estos últimos 81 años, de eso no hay dudas. Hoy, incluso con los miles de falencias del IPS, sigue siendo la única alternativa que tienen trabajadores y trabajadoras para recibir asistencia en la enfermedad y particularmente cuando se trata de enfermedades que requieren largos y costosos tratamientos. Esto incluye, por supuesto, la posibilidad de consultar con los mejores especialistas, recibir medicamentos y los necesarios tratamientos.
Por esta razón, es hora de que las autoridades admitan la situación complicada en la que se encuentra el Instituto y resuelvan las carencias que afectan a diario a los miles que llegan a diario a buscar asistencia. Porque es inadmisible que los sacrificados aportantes solamente encuentren obstáculos y barreras en el momento de mayor necesidad, que es cuando están enfermos.
Las autoridades deben ser más operativas y resolutivas y, sobre todo, escuchar los reclamos más frecuentes: problemas con el agendamiento de citas médicas, largos periodos de espera para las consultas especializadas y escasez de medicamentos e insumos. Como respuesta a estos reclamos es intolerable que los administradores sigan repitiendo la misma excusa de la mala gestión de la anterior administración.
No existen dudas de que el IPS ha hecho mucho por la salud y la jubilación de los trabajadores paraguayos. Pero causa mucha indignación la certeza de todo lo que no se ha hecho, todos los servicios que les son negados a los aportantes, por la angurria de los politiqueros para los que el Instituto de Previsión Social es su caja chica, y también una agencia de empleos para sus correligionarios.
Sin esa corrupción ningún trabajador hubiera quedado sin la mejor atención, sin medicamentos ni insumos. Esta es la comprobación del daño que hace a nuestro tejido social la corrupción, pues es inaceptable dejar sin medicamento a un niño con cáncer, o sin atención médica digna al trabajador que sostiene el IPS con el sudor de su frente.
El IPS, al proveer la seguridad social a los trabajadores, cumple una función fundamental, especialmente si consideramos la ausencia de una salud pública universal y gratuita en el país. Por eso, urge resolver el caos imperante en la institución más importante de seguridad social, y acabar con la corruptela. Los paraguayos, y, en particular, los trabajadores no deben permitir que las malas gestiones administrativas destruyan el IPS. El derecho a la seguridad social está garantizado por la Constitución y las autoridades deben priorizar el bienestar de la población.
