Desde que el martes el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la libertad inmediata de Alberto Fujimori, en una resolución firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, el país esperaba si el Gobierno iba a acatar esta decisión judicial, o si iba a prevalecer lo solicitado por la CorteIDH.
Este tribunal había publicado una resolución en la que requería al Estado peruano que se abstenga de liberar al ex gobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno, horas después de la liberación del ex dictador peruano, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del TC.
En la noche del miércoles el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos, pidió a la CorteIDH que declare en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones como ya ocurrió en el pasado con Nicaragua y Venezuela.
“Perú está violando deliberadamente sus obligaciones internacionales y el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, está incumpliendo tratados internacional que suscribió y ratificó. Nunca habíamos visto una decisión de incumplimiento de este nivel. Solo se ha visto algo similar en Nicaragua y Venezuela que llevan años de no acatar y donde la situación de derechos humanos es de las más preocupantes”, comentó la directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil, Florencia Reggiardo.
La representante de Cejil recordó que en 2018 y 2022 Perú acató las disposiciones de la CorteIDH que le instó a abstenerse de liberar a Fujimori porque el indulto presidencial que le había sido otorgado en 2017 negaba el derecho al acceso a la Justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y era contrario a las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Primeras horas de liberación
Fujimori, de 85 años, abandonó la tarde del miércoles el penal de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno y con una mascarilla. Nada más salir del centro penitenciario abrazó a su hija, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y a su hijo Kenji.
El ex jefe de Estado había sido condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales hay dos sentencias del tribunal continental.
Tras su liberación, el coche se quedó retenido durante cerca de 30 minutos sin apenas poder avanzar por las calles próximas, rodeado de seguidores, policías y prensa que rodearon el vehículo.
Más tarde, sus hijos agradecieron a las puertas del domicilio de Keiko al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien otrogó el indulto a Fujimori en 2017 por motivos de salud.
Fuente: EFE.
