El texto contenía apreciaciones muy duras respecto al ex presidente Horacio Cartes, calificado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado. Eran calificaciones sobre su actuar como actual presidente del partido de gobierno (Partido Colorado). Alegaban que el susodicho usaba la maquinaria del partido para fortalecer sus redes de corrupción. Sin embargo, lo más urticante para cierta dirigencia partidaria era que delineaba una estrategia política apuntando a separar la figura del actual presidente de la República, Santiago Peña, de su jefe y mentor político. Sobre el punto, el actual presidente del Senado, Silvio Ovelar, se despachó con fuerza, diciendo que por más que lo intenten no van a poder. Que el entendimiento entre el ex presidente y el presidente de la República seguía sin fisuras.
Ese mismo día recibí un llamado de Andrey Andreevich, de la cadena rusa RT en español, quien me había pedido un día antes participar como comentarista para su medio. A sabiendas de cómo se comporta RT, con su muy pronunciado sesgo, acepté con cautela y me propuse darles una oportunidad, como lo he hecho con otros medios internacionales. Efectivamente, su principal pregunta o pedido era que comente la noticia, centrándome sobre todo en la injerencia de EEUU en los asuntos internos del país. Resultó ser una “entrevista” muy particular la que hicieron los de RT. Me llamaron por Skype y una productora me entrevistó, pero no en vivo, sino que grabaron. No la vi a ella, sino solo su audio, aunque yo sí estaba con imagen, y luego nunca más supe qué uso se hizo de mi grabación.
Muy probablemente los de la RT no consiguieron lo que querían porque me concentré en levantar un punto, que el mismo presidente Santiago Peña hizo, y que consiste en aclarar que 95% del supuesto documento filtrado hablaba de cosas que son parte visible de la cooperación del Gobierno de Estados Unidos en Paraguay. Si uno coteja el documento “filtrado” con lo que se puede encontrar en www.usaid.gov/paraguay se verá que ahí está el documento de estrategia, denominado Project Appraisal Document (PAD) 2020-2025. Este describe el trabajo de la Usaid como centrado en la cultura de la legalidad, cubriendo prácticamente los mismos temas que aparecen en el documento supuestamente filtrado. El propósito del programa de cooperación de la Usaid es “Una cultura de la legalidad mejorada para combatir la corrupción en Paraguay”. De hecho, el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025 aprobado por el Gobierno paraguayo durante la presidencia de Mario Abdo Benítez tiene estampado el logo de Usaid.
El tema aquí es que los programas de cooperación, ya sean bilaterales o multilaterales, no son operaciones encubiertas sino son procesos acordados con los gobiernos de los países. Sin duda, la anticorrupción y la legalidad no tienen una resolución técnica única y exclusivamente, sino conllevan una dimensión política importante. Esta es una característica de la cooperación que afecta sobre todo a los países de ingreso medio como Paraguay, donde la asistencia muy básica ya ha dejado de ser importante, y lo que se discute más ahora es el fortalecimiento institucional.
Obviamente, los países tienen la opción de no aceptar esa cooperación. El Estado Plurinacional de Bolivia echó a Usaid del país en el 2013, en la época de Evo Morales, y desde entonces no acepta más la cooperación de lo EEUU. Ese es un camino abierto para el Paraguay también. Sin embargo, es muy improbable que el derrotero seguido por Bolivia sea el que elija el Gobierno de Santiago Peña. Cómo dijo él mismo, está de acuerdo en un 95%. Eso significa que la presión seguirá presente. El 26 de setiembre la administradora de Usaid, Samantha Powers, anunció una iniciativa para América Central de USD 3 millones para apoyar el periodismo de investigación y las iniciativas anticorrupción. Un ejemplo más de que esta política seguirá vigente. Para muchos es un alivio, pues la corrupción sí corroe la democracia, impide que nadie esté por encima de la ley y desvía recursos que deberían servir para beneficiar a la ciudadanía.
