Lo cierto y lo concreto es que el panorama es, al menos, preocupante.
De acuerdo con el reciente reporte divulgado por la organización Pro Desarrollo, denominado Economía Subterránea 2022, la economía en negro llegó a la friolera suma de los USD 22.019 millones al cierre del año pasado.
Este segmento, que incluye a las actividades que se realizan por fuera de la regulación gubernamental y sin el pago de impuestos correspondientes, como las provenientes del crimen organizado, evasión, corrupción y el contrabando, registró un crecimiento de más de USD 800 millones en comparación al año 2021.
Para tener una idea del tamaño de la economía informal o la economía en negro, se puede observar que este tipo de actividades representa nada menos que el 46% de la riqueza del país, es decir, prácticamente la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (PIB).
Al hablar de las causas de este índice, se concluye que la elevada informalidad puede deberse a varios factores: El desempleo, los shocks externos, el poco alcance de las políticas de seguridad social, la falta de conocimiento y los costos que significarían “mudarse” a la formalidad, entre otros.
Esta situación empuja, además, a cientos o quizá miles, a seguir acrecentando ese círculo vicioso de la informalidad. Es que, según una encuesta encargada por Pro Desarrollo, 5 de cada 10 cuentapropistas dijeron que recurren a usureros para financiar sus operaciones diarias; mientras que casi 4 de cada 10 asalariados respondieron de la misma forma. Consultados sobre su preferencia para pedir un préstamo, la mayoría también dijo que optaría por un usurero, más allá del periodo de devolución o las tasas de interés que deban abonar.
Estos datos nos llevan a tener que realizar una profunda reflexión sobre las políticas públicas. Por un lado, es urgente una política laboral más inclusiva y pensada desde el ciudadano común y menos desde la mirada empresarial o patronal. Se necesitan no solo más oportunidades, sino también mejores oportunidades. El feroz crecimiento del éxodo rural es una realidad de la que poco y nada se habla, y mucho menos se combate.
Por otro lado, es vital que las instituciones financieras públicas busquen inmediatas soluciones a la extrema burocracia y las barreras que tiene que sortear cualquier ciudadano. Esto no significa flexibilizar absolutamente nada, más bien se trata de encontrar el equilibrio que hoy no existe, quizá por falta de interés o quizá por temor a los riesgos asociados.
No escapan a esta realidad las instituciones tributarias, quienes pese a la reforma del 2019, todavía no han bajado 100% a tierra planes o programas para lograr una mayor captación de informales o evasores, sobre todo, de aquellas personas que forman parte de los deciles de más bajos ingresos dentro de la población paraguaya.
El sector privado también debe hacer un mea culpa. No se trata solamente de la carencia o la mala ejecución de las políticas públicas. Se trata también de no ser laguneros legalmente, de no despedir a trabajadores antes de ganar la estabilidad laboral, de pagar y a tiempo los planes de seguridad social, o hasta desde lo más básico que representa pagar los salarios en tiempo y forma.
En apenas unas semanas se viene el cambio de administración pública. Se espera que las autoridades entrantes tomen nota, protejan lo que se ha hecho bien, corrijan lo que se ha hecho deficientemente y propongan nuevas estrategias o herramientas que combatan el statu quo.
