Con dicha normativa se establece una nueva distribución en el porcentaje de los bienes de los procesados por hechos ilícitos.
Los diputados se ratificaron en su postura inicial y la distribución quedó establecida en un 20% para cubrir los gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso y; 30% entre el Ministerio Público, el Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la Policía Nacional.
El otro 50% será destinado para financiar proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, así como proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organizado, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva y narcotráfico.
Por otro lado, los legisladores de la Cámara Baja decidieron aprobar con modificaciones, por cuestiones de forma, el proyecto de ley que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo se encargó de explicar los cambios y señaló que se trata de una modificación en el acápite de la versión aprobada en principio en el Senado.
Dicha normativa establece hasta 20 años de pena privativa de libertad, dependiendo de los casos que se puedan dar.
Diputados con embajador de EEUU
La diputada encuentrista Kattya González, titular del Frente Parlamentario Anticorrupción, informó sobre una reunión que junto a su colega el colorado Ramón Romero Roa tuvieron con el embajador de los Estados Unidos de América, Lee McClenny. “Mantuvimos una amena charla de trabajo sobre nuestros proyectos legislativos y ciudadanos con el embajador”, señaló.
González indicó que entre los planes del Frente Parlamentario figuran la creación de un Observatorio Legislativo Anticorrupción, leyes de protección a los reportantes de hechos punibles de corrupción (delación premiada) y adaptación normativa interna a los pactos y convenios internacionales suscritos por Paraguay en materia de combate a la corrupción e impunidad.
