Un ex diputado colorado, Juan Carlos Ozorio, se encuentra preso e imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. Este tenía vínculos comerciales con el esquema liderado por los hermanos Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y el pastor José Insfrán permitiéndoles poner en circulación dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas del clan Insfrán y para ello usó a una entidad hasta entonces respetable, la Cooperativa San Cristóbal y con ello destruyó la credibilidad de la misma.
Otro caso es el que involucra al senador colorado Erico Galeano. El legislador fue acusado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak por ser sospechoso de haber incurrido en lavado de dinero y asociación criminal. Según la Fiscalía, el senador vendió una propiedad en el complejo Aqua Village, por casi cinco veces más el valor del que adquirió, y lo hizo a un testaferro de Miguel Ángel Insfrán, supuesto capo narco. Las contundentes hojas de acusación reflejan, además, el supuesto vínculo de Galeano con Sebastián Marset, uruguayo buscado por liderar una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, quien jugaba en el Club Deportivo Capiatá en la época en que el senador era presidente de la institución deportiva.
Dicen los expertos que en estos tiempos para el narcotráfico es más rentable tener su propio partido y sus propios candidatos y que el crimen organizado transnacional y el narcotráfico eliminan a cuanta autoridad independiente existe, pues solamente si hay un vacío de Estado pueden ellos operar con impunidad. Lamentablemente, estas realidades están presentes en casi todos los países latinoamericanos y con cerrar los ojos no se resolverán los problemas que traen aparejados la impune delincuencia.
El narcotráfico y el crimen organizado transnacional no solamente han adquirido un poder descomunal, cedido por autoridades y funcionarios corruptos, sino que apuntan directamente a la destrucción de la institucionalidad y la democracia, pues con Estado de derecho e instituciones que funcionan y con transparencia no podrían prosperar. Es de esta manera que el crimen organizado acaba ocupando espacios que le corresponden al Estado. Recordemos a Clemencio González Giménez, conocido con el alias de Gringo, muerto por 70 balazos, considerado uno de los capos del narcotráfico en el Departamento de Amambay, su muerte se puede interpretar como “la aplicación de la ley del crimen”, después de décadas de impunidad por sus contactos con las instituciones.
Paraguay vivió una muy larga dictadura y lleva apenas poco más de tres décadas de democracia; sin duda, nuestra democracia tiene debilidades por lo que debemos considerar el riesgo en el que se encuentra nuestro frágil Estado de derecho ante el embate del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo se defiende una democracia si las mismas autoridades del Estado atentan contra ella?
Estamos ante una situación que solamente puede ser superada con transparencia, integridad y verdadero compromiso. En este punto, la ciudadanía tiene un rol fundamental, asumiendo responsabilidades, por haber permitido la elección a través del voto de personas que podrían tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, pero además puede hacer algo más, asumiendo su papel de contraloría exigiendo rendición de cuentas y transparencia a las autoridades.
