El Dr. Robert Marcial González, especialista en Derecho Constitucional, criticó el “activismo invasivo”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sesionó la semana pasada en nuestro país, en su 180° Periodo de Sesiones Ordinarias.
–¿Qué beneficio trae que las sesiones de la Corte IDH se hayan hecho en Paraguay?
–La decisión de la Corte IDH de sesionar en nuestro país tiene enorme relevancia. Desde el plano simbólico, proyecta mensajes muy potentes y esperanzadores, pues se trata de un organismo cuyo aporte para la consolidación de la democracia fue decisivo. Ahí, quiero destacar la extraordinaria labor que viene realizando el Dr. Diego Moreno como integrante de ese organismo internacional de protección de derechos humanos.
–¿Tienen impacto real los fallos de la Corte IDH, pese al excesivo tiempo en que demoran en resolver?
–El impacto de las decisiones de la Corte para el ciudadano común, lamentablemente, es mínimo. Por diversas razones de orden jurídico, estructural, político, sociológico, presupuestario, etc., las sentencias de la Corte IDH tienen más que nada un efecto simbólico que permite dejar en evidencia el poco compromiso que tienen las estructuras de poder con la institucionalidad democrática. No obstante, el aporte dado desde esa dimensión simbólica es clave si consideramos que la democracia no es un punto de llegada, sino un camino que debemos recorrer para consolidar el relacionamiento comunitario basado en valores como la apertura, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad, la cooperación, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el ejercicio de los controles hacia todas las estructuras de poder público, etc.
–Paraguay tiene una serie de condenas desde ese organismo. ¿Cree que el país hizo mejoras para evitar próximas sanciones?
–Los esfuerzos realizados son claramente insuficientes. La matriz autoritaria heredada de la última dictadura sigue gozando de buena salud. Las cúpulas de poder reducen sus esfuerzos a la puja por espacios y, como inevitable consecuencia, se sacrifica la puesta en práctica de políticas públicas que generen mayor inclusión y bienestar. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad, pasa por dotar de contenido a la democracia. Nuestra democracia, por diversas razones, carece de contenido sustancial. Vivimos en una democracia formal a la cual debemos dotar de contenido virtuoso si acaso nos interesa combatir los embates de facciones autoritarias que acechan y a quienes les tiene sin cuidado implementar las mejoras estructurales, presupuestarias y normativas sugeridas desde la Corte IDH. En el Paraguay, la política se centra exclusivamente en la disputa por imponer la narrativa de poder descuidando los aspectos relacionados a tratar de combatir la lacerante realidad en la que vive el ciudadano de a pie.
–¿Cómo deja a nuestro país el reiterado incumplimiento de las sentencias dictadas por ese organismo?
–Resta credibilidad, confianza y calidad institucional, con todo lo que ello implica en materia de inversiones, seguridad jurídica, proyección, etc.
–¿Cómo estamos en materia de derechos humanos, en especial en las cárceles?
–Fernando Savater, un lúcido filósofo español, apunta que para medir la calidad de una democracia, basta con fijarse en su sistema penitenciario y su sistema educativo. Coincido con él. En ambos frentes, el Paraguay está aplazado. Mal que le pese a quienes pretenden imponer relatos totalmente divorciados de la realidad, el Paraguay es un país “atado con alambre”. La salud depende de “polladas” y “tallarinadas”; el transporte público ofrece buses chatarras para trasladar a la gente como ganado; salir a las plazas o a caminar por nuestras calles es casi un safari, tanto por la precariedad estructural como por la inseguridad que reina; el empleo digno y de calidad, una quimera; la seguridad social, bien gracias para la mayor parte de la población. Mientras no mejoren esos indicadores, el relato en torno a las bondades macroeconómicas seguirá colgado en el aire. La economía debe legitimarse a través de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Ahí tenemos otro gran desafío.
–La presidenta de la Corte IDH habló de un peligro para la democracia regional. ¿Cuál es su visión?
–Coincido. Proyectos autoritarios de derecha y de izquierda acechan y ponen en jaque las siempre provisorias conquistas logradas en materia de democracia e institucionalidad. A las cúpulas de poder le molestan los controles y rechazan la participación. Por ende, están poniendo en práctica un plan para desmontar las conquistas alcanzadas. Las facciones autoritarias reducen el juego democrático a la regla de la mayoría. A partir de allí, no dudan en desconocer al otro, en instalar la lógica “amigo–enemigo”, en secuestrar y copar la estructura pública, en negar controles y rendiciones de cuenta, en anular el debate y el intercambio crítico, etc. Ahora bien, yo me pregunto si el activismo invasivo desplegado en los últimos 20 años por la Corte IDH no estará contribuyendo al deterioro de la institucionalidad republicana de la región. La Corte IDH reclama para sí, a través de sus sentencias, una confianza que no le ha sido dada por ninguna norma estatal o supranacional. Los países adhirieron a un tratado que en parte alguna legitima el hiperactivismo del que hoy hace gala la Corte IDH. Este organismo viene desarrollando una línea jurisprudencial alejada de la humildad republicana que apunta a controlar el ejercicio del poder público, provenga de donde provenga. El activismo de la Corte IDH, además de negar los límites y los controles previstos por el modelo republicano de gobierno, termina alentando un hiper activismo ya no solo judicial, sino político, pues resulta que ahora, so pretexto de que la Corte IDH entiende que todo funcionario público está obligado a realizar “control de convencionalidad”, las estructuras de poder operan sin sentirse atados o condicionados por la ley o por la norma vigente. Esa fórmula, en manos de burócratas locales más comprometidos con las cúpulas de poder que con la ciudadanía de a pie, termina minando la credibilidad y el capital institucional de un organismo clave para fortalecer la democracia.
–¿Cuál es la materia pendiente de nuestra Corte Suprema respecto al Pacto de San José de Costa Rica?
–Que aprendan a autorregularse, que entiendan que existen límites, que recuerden que en un Estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley y que una democracia constitucional de calidad no se edifica sobre la base del gobierno de los jueces, sino sobre la base de la participación ciudadana. Si seguimos judicializando la política, nunca podremos consolidar una democracia de calidad.
Robert M. González
Es abogado por la Universidad Católica y docente universitario; tiene varios libros. Además, es especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia, Italia; magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina; magíster en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid.
