En la diligencia, el fiscal Francisco Cabrera se ratificó en la acusación contra el ex jefe comunal Armando Gómez, así como contra Roberto Paredes, ex director de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo Chirife, ex jefe de Tesorería; Édgar Iván Villalba, ex director interino de Gestión Tecnológica, y Ricardo Ricciardi, ex funcionario de dicho departamento.
Los delitos acusados contra los cinco procesados son por supuesto hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal. Respecto a Portillo, Villalba y Ricciardi también se les suma el hecho de alteración de datos relevantes para la prueba.
Además, el agente del Ministerio Público también se ratificó en el pedido de sobreseimiento definitivo del ex director de Auditoría Interna Walter Omar Belotto y de la ex contadora municipal Sonia Raquel Notario, también procesados en la causa.
De la misma manera, la querella adhesiva por parte de la Municipalidad de Lambaré se ratificó en la acusación contra los cuatro procesados, así como en el pedido de sobreseimiento definitivo, tal como se dio en el caso del agente fiscal.
Después, las defensas comenzaron sus incidentes previos que deben ser resueltos por el juez de Delitos Económicos.
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Según la acusación, a través de maniobras en el sistema informático, lograron hacer 6.390 anulaciones de facturas de los contribuyentes, por un valor de G. 9.317 millones. Los hechos ocurrieron, según dicen, en el año 2019.
De acuerdo con la Fiscalía, los ex funcionarios acusados “idearon un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos en Tesorería y remisión tardía a los bancos”.
El plan consistía en que Portillo, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al entonces director de Finanzas y este le señalaba los montos a ser sustraídos.
Finalmente, el jefe de Tesorería de dicho periodo le avisaba a Édgar Villalba para que proceda a anular las facturas en el sistema informático. Las anulaciones se hacían al concluir el horario laboral, supuestamente, y se llegaban a anular por día entre G. 20 millones, G. 30 millones y hasta G. 40 millones.
