Legisladores de la oposición anunciaron en conferencia de prensa que presentarán ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, en la que señalan supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato.
La acción fue encabezada por el senador Rafael Filizzola y respaldada por la diputada Johanna Ortega y otros parlamentarios de la bancada democrática.
Como primer punto, la denuncia remarca una brecha de crecimiento económico del presidente Santiago Peña de unos G. 21.672 millones.
Filizzola cuestionó la falta de intervención de la Fiscalía General ante las revelaciones que, según él, muestran un escándalo en el movimiento de recursos públicos desde el inicio del gobierno de Peña.
“Como ciudadanos y legisladores, vemos que no se ha hecho nada frente a hechos escandalosos”, señaló.
La denuncia no solo se centra en el incremento patrimonial del presidente. Según Filizzola, Peña inició su mandato con un patrimonio de aproximadamente G. 1.000 millones y sumó, un crecimiento injustificado de 1.603%
Además, Filizzola señaló, como otro punto de la denuncia, los vínculos del mandatario con el Grupo ueno, especialmente en operaciones financieras y comerciales con entidades públicas.
“El presidente era parte de ese grupo empresarial hasta hace poco. El Grupo ueno no solo administra los ahorros de los jubilados, sino que también está involucrado en negocios de tecnología 5G y maquinaria médica”, sostuvo.
Filizzola también mencionó el uso de vehículos y aeronaves de empresarios chinos que luego se convirtieron en proveedores del Estado en el caso de los muebles chinos por más de USD 32 millones.
En otros puntos de la denuncia, el senador resaltó la recepción de sobres con dinero en la residencia presidencial y supuestas órdenes de entrega de dinero dadas por la primera dama, describiendo los hechos como “enriquecimiento ilícito y uso de influencia”.
Por su parte, Johanna Ortega se refirió a los famosos sobres de Mburuvicha Róga y agregó que, de ser lícito, el dinero del presidente Peña debería estar bancarizado.
La acción fue acompañada por los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega y los senadores Adrián Vaesken, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain.
Más detalles de la denuncia
En cuanto a indicios de enriquecimiento ilícito, los legisladores señalan un aumento patrimonial injustificado en el periodo de 2017 a 2023, con un crecimiento del 1.603%. Este aumento incluye la adquisición de bienes, como una camioneta Toyota Land Cruiser y un avión, cuyo origen es cuestionado.
Los bienes adquiridos no tienen una documentación que respalde su procedencia, lo que pone en duda la legalidad de las transacciones y su origen, según indicaron.
Para sustanciar un posible lavado de activos se acusa la compra de acciones y bonos en empresas con antecedentes judiciales o movimientos de dinero no registrados.
En ese sentido, se mencionan vínculos con Credicentro fusionada con Pasfin, esta ultima empresa ligada al caso Pavo Real, relacionado con narcotráfico, y los pagos en sobres de dinero realizados por la primera dama y dados a conocer a través de audios.
En cuanto a tráfico de influencias, se remarcan los nexos de Peña con empresas adjudicadas con más de 29 contratos públicos por un valor total de G. 992.000 millones.
Con relación a la administración en provecho propio, se acusan cambios normativos que facilitaron colocaciones en ueno bank.
