En principio, el fiscal Aldo Cantero había solicitado la homologación de un acuerdo entre el procesado Fernando Gonzále Karjallo y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ya que el hecho punible investigado admite la posibilidad de extinción por reparación del daño.
En el caso, se firmó un acuerdo conciliatorio, con lo que el caso podría quedar sin efecto. No obstante, el magistrado de Garantías le dio trámite de oposición al pedido del agente del Ministerio Público.
Con ello, la causa pasó a la Fiscalía General, con lo que, según el Código Procesal Penal, debe ratificar el pedido o, en su caso, acusar y pedir el juicio oral y público.
Sin embargo, la fiscala adjunta Patricia Rivarola no acusó ni ratificó el pedido, sino que, por el contrario, solicitó el sobreseimiento provisional del procesado.
Ya en la audiencia, el fiscal Aldo Cantero se ratificó en el pedido de la fiscala adjunta, mientras que la defensora Raquel Talavera solicitó el sobreseimiento definitivo, ya que la Fiscalía General no cumplió con lo que señala la norma procesal penal.
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Pese a esto, el juez Florentín entendió que correspondía hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía General, ya que no tiene otra opción según la legislación procesal, conforme señaló.
Con ello, concedió el sobreseimiento provisional y señaló cuáles eran las diligencias que debe realizar la Fiscalía en un año.
Así, son oficios a la Dirección de Registros Públicos, a Catastro, al Juzgado de Ejecución de Crimen Organizado, a más de la declaración de Katherine Lorena Rodríguez, quien había firmado el contrato con González Karjallo.
El juez ordenó también levantar todas las medidas cautelares que pesaban sobre el encausado, aunque no saldrá en libertad, ya que el mismo cumple con una pena de 5 años de cárcel junto con su padre Ramón Mario González Daher.
