El operativo, que desató la furia de quienes se dedican a este rubro, se realizó el lunes por la noche, cuando la Policía Nacional interceptó un bus en el pórtico de salida de Ayolas y retuvo 510 docenas de lombrices, embaladas en cajas de tomate.
La carga, según los trabajadores, había sido recolectada legalmente el viernes anterior en la propiedad de la empresa Silvipar, dedicada al cultivo de eucaliptos, que permite el ingreso de hasta 60 personas con cédula y planilla para la extracción de lombrices.
Sin embargo, la fiscala Stella Mary Cano alegó que recibieron información de que la mercadería habría sido obtenida de forma irregular en propiedades privadas, basándose en denuncias de testigos.
La carga quedó estacionada en la Fiscalía, donde varias docenas de lombrices murieron por falta de condiciones adecuadas.
La manifestación se realizó en la mañana de este miércoles, con gritos de “¡Justicia para los lombriceros!” y acusaciones de hostigamiento.
Alberto Gómez, vicepresidente de la Asociación de Lombriceros de Ayolas, denunció que el sector está siendo perseguido injustamente y que muchos de sus miembros no tienen otra fuente de ingreso para sostener a sus familias.
“Nos dedicamos a esto porque tenemos que comer. Acá no hay fuentes de trabajo, no hay pescado y nos acusan de entrar a sacar de una propiedad privada. Antes era así, pero los dueños nos cobraban G. 15.000 a G. 20.000 para entrar a sacar y después ya no nos permitieron. Luego, conseguimos hace un mes y 15 días permiso para entrar en el predio de la empresa Silvipar y de ahí sacamos”, expresó Gómez.
La fiscala Cano salió brevemente a hablar con los manifestantes, afirmando que recibieron la información de testigos y que eso se va a verificar. Luego se retiró del lugar.
La situación dio un giro cuando agentes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervinieron, señalando que las lombrices no están reguladas como animales con marca y señal, como ocurre con el ganado.
Gracias a esta gestión, los lombriceros lograron recuperar parte de su carga y enviaron las lombrices sobrevivientes a Asunción.
Punto de conflicto
El conflicto gira en torno a la procedencia de las lombrices. Mientras la denuncia afirma que fueron extraídas ilegalmente, los lombriceros aseguran que presentaron pruebas de que la recolección se realizó en el predio autorizado de Silvipar.
“Si hubo gente que sacó de otro lugar, no tenemos cómo saberlo. No hay forma de evidenciar si las lombrices son de ese tipo de extracción”, expresó Gómez.
Lo que comenzó como una actividad económica silenciosa, se ha convertido en un drama con ribetes judiciales, donde la subsistencia de decenas de familias pende de un hilo.
