En 2022, la Corte IDH había declarado a Paraguay responsable por la violación de los derechos de Nissen, un ex agente fiscal penal, en relación con un proceso disciplinario que culminó en su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de manera arbitraria.
El tribunal internacional halló parcialidad en el proceso, la denegación de un recurso judicial efectivo y la vulneración de los derechos a la estabilidad laboral.
Como medida de reparación, se ordenó al Estado paraguayo, entre otras acciones, a eliminar los registros de la condena de Nissen Pessolani, pagar indemnizaciones y realizar publicaciones sobre la sentencia.
Tras un proceso de supervisión, la Corte IDH constató que Paraguay ha cumplido cabalmente con todas las medidas ordenadas, lo que ha permitido el archivo definitivo del caso.
