La única destituida fue Kattya González en el Senado, aunque las acusaciones en su contra fueron desestimadas y se reveló que hubo un plan político para sacar del medio a quien molestaba al poder. Contradictoriamente, quienes tienen causas penales abiertas siguen intactos, como Erico Galeano, el más relevante.
Tras el caso de la liberocartista Noelia Cabrera, que tenía dos sobrinos en el Senado como presuntos planilleros, el cartismo decidió darle protección, es decir, la condición para ser salvado no es demostrar inocencia, sino ser aliado oficialista. En tanto que la expulsión es una amenaza para quien hace oposición crítica. El nuevo caso recordó dos problemáticas: la falta de institucionalidad y reglas claras, y que se recibe mandato imperativo aunque esté prohibido en la Constitución.
Institucionalidad quebrada. En el Senado no se tiene claro cuál es el reglamento que se debe seguir ni qué casos sancionar, esto luego de que el cartismo haya adaptado la norma con su mayoría, para poder expulsar a Kattya. Se tuvo que usar un reglamento anterior porque el vigente les exigía una cantidad de votos que no alcanzaban. Con el destape de los planilleros de Noelia Cabrera, las reglas quedaron difusas.
Mandato imperativo. En cuanto al mandato imperativo, los mismos cartistas reconocieron que no estaban de acuerdo con la expulsión de Kattya varios de ellos, pero la orden provino del Comando Político. Esto lo admitió el propio Silvio Beto Ovelar, cuando comentó que va a seguir la indicación de su bancada en torno a Cabrera. Lo mismo manifestó Carlos Núñez, quien reconoció que el caso de la liberocartista podía ser grave, pero seguirá la bajada de línea de su bancada si le pide el rechazo a la pérdida de investidura.
Los casos más escandalosos que quedaron impunes fueron los de Erico Galeano, procesado por asociación criminal y lavado de dinero en A Ultranza; Hernán Rivas, procesado por tener un título falso de abogado mediante el cual hasta llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); Bachi Núñez, quien presentó un proyecto para blanquear a ocupantes vips o de altos recursos en tierras públicas de Remansito; Javier Chaqueñito Vera, expulsado de Honor Colorado por escándalos sexuales pero reintegrado en enero de este año, no recibió ninguna sanción tras las graves denuncias de maltrato a una funcionaria indígena.
Igualmente, el diputado Jatar Fernández fue denunciado por invadir una propiedad para apoderarse por la fuerza de ella en Ayolas.
Finalmente, los escandalosos casos de nepobabies quedaron sin efecto tras un pacto de impunidad.
Las evidencias y el nexo con Lalo obligaron a Orlando Arévalo a renunciar
El único caso de sanción inmediata fue el de Orlando Arévalo, quien por la presión de su mismo movimiento, que le soltó la mano, tuvo que renunciar a su banca en la Cámara de Diputados en 2024.
Arévalo se vio envuelto en una investigación sobre crimen organizado luego de que sean reveladas las conversaciones que mantenía con Eulalio Lalo Gomes, diputado de Amambay, quien falleció baleado durante un allanamiento de su vivienda en Pedro Juan Caballero.
Lalo era sospechoso de narcotráfico y el juez Osmar Legal, quien tenía en su poder el teléfono celular del legislador, tras ser incautado, presentó los chats de Arévalo y Lalo como prueba ante la Fiscalía, por lo que más tarde se abrió una investigación.
Arévalo renunció luego de que Pedro Alliana expresara públicamente que debía apartarse para no afectar al Gobierno. El caso de Arévalo era muy escandaloso porque además se supo que manipulaba el sistema de Justicia estando en el Jurado de Enjuiciamiento (JEM), y esto afectaría a todo el cartismo, ya que muchas autoridades aparecieron en los chats.