Sin embargo, en la misma acción, también rechazaron in límine (sin estudiar el fondo del asunto) el pedido contra la resolución de la Sala Penal de la Corte que anuló el fallo en la causa, sobre la elevación a juicio oral.
En el caso, en el 2019, catorce personas, entre ellas el general retirado Ramón Benítez, habían sido acusados y se elevó a juicio oral por supuestos cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal.
El acusado Blas Roberto Cabañas planteó inconstitucionalidad contra la resolución del 20 de noviembre de 2023, del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala; y contra la resolución del 21 de octubre de 2021, de la Sala Penal de la Corte.
La causa se había elevado a juicio oral, pero la defensa apeló la resolución. Al final, los camaristas anularon las grabaciones de comunicaciones entre los imputados porque no tuvo el control fiscal ni judicial, sino que fue hecho por los agentes de la Senad.
Esto fue anulado después por la Sala Penal el 21 de octubre de 2022, que dispuso que otro Tribunal de Apelación estudie la cuestión. Así, el 20 de noviembre de 2023, otros camaristas confirmaron el juicio oral. Fue contra estas dos resoluciones que accionaron ante la Corte.
Los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander dicen que los fallos de la Corte no son revisables, por lo que rechazan in límine la acción contra la resolución de la Sala Penal.
Sin embargo, admiten el estudio de la acción contra la segunda resolución que confirmó el juicio oral, por lo que le dan trámite. Además, ordenan que se traiga el expediente principal del caso para su estudio.
